Complicidad de las autoridades podría aumentar violencia vicaria en México

Por Julián Sánchez
El caso de Alejandro Canek Vázquez ha suscitado cuestionamientos en relación con la actuación de la jueza Octava Familiar de Proceso Oral, Laura Mejía Sosa, en la Ciudad de México. A pesar de las circunstancias que rodean al servidor público, la jueza parece estar inclinada a otorgarle la custodia de los menores nacidos de su matrimonio con Marisol Cervantes Salvatori.
Canek Vázquez  quien es delegado del INFONAVIT en Hidalgo, se encuentra actualmente vinculado a proceso debido a su omisión en la obligación alimentaria.  Durante este año, estuvo registrado como deudor alimentario durante varios meses, acumulando una deuda de casi un millón de pesos en manutención para sus hijos. Además, enfrenta acusaciones de ejercer violencia vicaria contra su ex esposa.
Este funcionario enfrenta alegaciones de presuntas irregularidades en la obtención de un crédito, que incluyen el delito de falsificación de firma para obtener dicho crédito, provienen de la denuncia presentada por su ex pareja, Cervantes Salvatori. La Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo lleva a cabo una indagatoria en torno al delegado por este caso.
El caso se intensifica al considerar las evidencias que indican que Canek Vázquez ha efectuado pagos en efectivo por cuantiosas sumas de dinero, acto verificable en información que integra una de las carpetas de los procesos que se mantienen abiertos dentro de la Ciudad de México.
Adicionalmente, el delegado enfrenta una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por actos anticipados de campaña.
Es importante destacar que la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la cual los hijos e hijas son utilizados como instrumentos para maltratar a sus madres, ha sido objeto de atención por parte de las autoridades en México.
El Senado de la República Mexicana aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil y al Código Penal Federal el 7 de marzo de 2023. Estas reformas permiten castigar hasta con 5 años de prisión la violencia contra las mujeres ejercida a través de interpósita persona, también conocida como violencia vicaria.
La violencia vicaria tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, en particular de sus hijos e hijas. En casos extremos, se ha documentado que esto puede llevar a la muerte de los menores, con métodos crueles empleados para ocultar los cadáveres. Esta forma de violencia busca el control y el dominio absoluto sobre la mujer, aprovechando una relación de poder basada en la desigualdad.
La existencia de la violencia vicaria es una consecuencia de la falta de atención de las autoridades institucionales, que a menudo no actúan de manera efectiva para prevenir y sancionar este tipo de abuso.

La decisión de la jueza Octava Familiar de Proceso Oral, Laura Mejía Sosa, en el caso de Alejandro Canek Vázquez, plantea interrogantes sobre la aplicación efectiva de las reformas recientes y resalta la necesidad de abordar adecuadamente la violencia vicaria en México.

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