Yarisley Urrutia
La tensión agita la vida política del país, donde continúan las protestas y va tomando forma la ley de amnistía. La derecha cree que la democracia y la unidad nacional están amenazadas. ¿Es constitucional? ¿Está en riesgo el Estado de derecho? Politólogos y juristas explican a Sputnik si hubo ‘lawfare’ y si el momento implica una ruptura.
Se ultima el registro por la vía de urgencia de la proposición de ley de amnistía, que lleva por nombre Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El texto expresa la necesidad de transitar por el «marco jurídico nacional e internacional», no alude a la investigación de casos de guerra judicial, anulará la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de más de 300 independentistas y 73 policías, y otorga un plazo de dos meses para su aplicación.
En el opositor Partido Popular (PP) califican a Pedro Sánchez del «mayor peligro para la democracia» y de ocasionar una «humillación» al país. Las protestas y disturbios callejeros de los últimos días culminaron en Madrid el 12 de noviembre con una multitudinaria manifestación en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de alertar contra el acuerdo de Gobierno suscrito entre los socialistas y los independentistas catalanes de Junts, se reivindicó como ganador de las elecciones de julio y protestó contra la próxima investidura de Sánchez.
«Es lo contrario de lo que votamos en las elecciones», dijo.
Según PP y Vox, del acuerdo entre PSOE y Junts emana un peligro para la democracia española que en última instancia entraña un riesgo para la unidad territorial del Estado y la vigencia del Estado de derecho. Los comunicados de diversas asociaciones de policías, empresarios y jueces expresan un sentido similar. Y las declaraciones de altos cargos públicos del PP, como las de la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, van incluso más allá, pues denuncia que España va camino de la «dictadura».
¿Es constitucional?
El texto pactado por socialistas e independentistas contempla la perspectiva de un referéndum de independencia en Cataluña «amparado en el artículo 92 de la Constitución», paso que Junts estima necesario para resolver el «futuro político de Cataluña». Por su parte, el PSOE defiende en el documento el «amplio desarrollo» del Estatuto de autonomía de 2006, parte del cual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2010.
La mención al artículo 92 de la Constitución Española, por el que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», es clave, pues puede suponer la vía por la que los independentistas regresen al constitucionalismo.
«El independentismo de Junts estaba antes de las elecciones del 23 de julio prácticamente fuera del sistema; sin embargo, el acuerdo de investidura/legislatura (según se mire) les acerca a la institucionalidad política española», explica a Sputnik Paloma Román Marugán, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que asegura que la cita del artículo 92 «canaliza» el referéndum de autodeterminación en el marco constitucional.
La politóloga recuerda que el acuerdo también explicita las diferencias entre PSOE y Junts, y tilda de «apocalíptico» el mensaje de PP y Vox en torno a él.
«No han sido capaces de articular una mayoría de gobierno y, por otro lado, el riesgo de ruptura de España viene siendo un clásico desde mucho antes que apareciera la palabra amnistía por primera vez. Pasó con el Estatuto catalán de 2006, con el procés, los indultos, etcétera».
Paloma Román Marugán
Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Del acuerdo también emana la proposición de ley de amnistía que ahora se tramitará. ¿Es constitucional? «Sí, pues será una ley que apruebe el Parlamento, que es el depositario de la soberanía popular», explica a Sputnik Andrés Iván Dueñas Castrillo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid (UVa), que recuerda que la amnistía tiene aún mayor legitimidad que los indultos, de interpretación «más restrictiva» por depender de la decisión del Gobierno. «Además, la amnistía está expresamente reconocida en leyes como la ley de enjuiciamiento criminal».
«Y la ley de amnistía de 1977 sigue vigente –apunta–, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto e interpreta que no es inconstitucional, igual que las leyes de amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. Así que tenemos varios precedentes».
A juicio de este profesor universitario, «es grave» que desde la oposición se trate de deslegitimar a este tribunal, «porque para su renovación hubo consenso parlamentario». Y cabe recordar que las leyes de amnistía anteriores condonaron delitos «mucho más graves» que los cometidos en Cataluña en 2017. «Eran crímenes de lesa humanidad, que no prescriben según el derecho internacional», señala.
¿Está amenazado el Estado de derecho?
Entre los argumentos de los detractores de la amnistía se cita el riesgo de negar decisiones de tribunales surgidos de la legitimidad democrática, a diferencia de la ley de amnistía de 1977, cuando se transitaba de un régimen dictatorial al actual. ¿Se incurre ahora en un menoscabo?
En opinión de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (UA) y exmagistrado del Tribunal Constitucional de España, la amnistía resuelve una situación anómala que se remonta a 2017, «cuando se recurrió a los tribunales y los tribunales actuaron en defensa de España antes que en defensa de la ley», explica a Sputnik. Este jurista mantiene que para reprimir el proceso independentista catalán, se aplicaron normas «excepcionales» y, a su modo de ver, «desproporcionadas».
«Se inventó un tipo penal, se vulneraron derechos constitucionales en cuanto a la prisión provisional y dictó sentencia un tribunal que no era competente. El Parlamento intentó remediarlo cambiando el delito de malversación, pero los jueces no aplicaron su reforma. Así que no queda más remedio que aprobar una ley de amnistía», afirma.
«La amnistía es la manera de que con una ley parlamentaria se vuelva a que sea el Parlamento el que dicte las normas y a una situación en la que los jueces no las puedan pervertir. Porque lo que hicieron los jueces en Cataluña fue pervertir las normas, dictando sus propias leyes, como si ellos fueran un parlamento. Con la amnistía, el Parlamento recupera la primacía».
En cualquier caso, será el jefe del Estado, el rey Felipe VI, el encargado de rubricar con su firma la entrada en vigor de la nueva ley de amnistía. En las redes sociales, los contrarios a la ley aventuran la posibilidad de que el monarca se niegue a hacerlo. «Eso generaría una crisis constitucional de primer orden, el rey es una figura que no puede entrar en política y, de hacerlo, sería algo parecido a un golpe de Estado», afirma el profesor Andrés I. Dueñas.
«Todos los actos del rey son actos debidos, de los que no es responsable, y que tienen refrendo, en este caso, del Presidente del Gobierno. Si no estuviese de acuerdo en firmar una ley, debería abdicar. Las monarquías parlamentarias no pueden entrar en política y es la única manera de conjugar la monarquía con la democracia».
Es innegable que el documento suscrito por el PSOE y Junts certifica el incumplimiento de las promesas electorales de ambos. Los socialistas habían negado la posibilidad de una amnistía y, antes, la de los indultos. Los independentistas refutan ahora la vía unilateral. Es decir, cabe preguntarse si este cúmulo de contradicciones socava posiciones políticas y, por ende, el sistema democrático en sí.
Al respecto, Paloma R. Marugán recuerda las palabras de Pedro Sánchez de «hacer de la necesidad, virtud». El precio que Junts pone a su investidura es una «nueva situación» para los encausados y supone su «reintegración» a la vida sociopolítica y económica. Las necesidades de ambos coinciden en un momento histórico concreto, recuerda esta politóloga: «Los resultados electorales del 23 de julio».
«Es una asociación de mutua conveniencia, sin dejar de reconocer las contradicciones (y las facturas) que todo esto supone en el discurso socialista, sobre todo la asunción de la amnistía, porque otros pasos, como los indultos, también se llevaron a cabo con el fin de desatascar la cuestión catalana».
«Lo cierto es que el PSOE ha sido el partido con más votos en las citadas elecciones en Cataluña», subraya esta profesora de ciencia política, que asegura que, por este motivo, esa asociación de mutua conveniencia «será una percepción compartida por la ciudadanía de ese territorio».
Es decir, el actual acuerdo será especialmente bien recibido en la región más tensionada de España en los últimos años, cuya sociedad y actores políticos asumirán el coste de ceder y contradecirse, tal y como, de alguna manera, sucedió en el país en los años 70, durante la transición hacia el actual sistema democrático. Y participando de ese clima, los nacionalistas vascos del PNV también han suscrito un acuerdo con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez.
«El PNV y el PSOE tienen una larga historia de conciertos políticos que les hacen fiarse los unos de los otros», recuerda Paloma R. Marugán. A su juicio, el traspaso pactado de competencias del Estado hacia el País Vasco obedece a una «reivindicación histórica» y a la «sobresaliente» visibilidad de su firma. «Es lo último en firmarse, después del pacto del PSOE y Junts», recuerda.
La polémica referencia al ‘lawfare’
El acuerdo también recoge la pretensión de Junts de ceder al Gobierno autónomo catalán «el 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña», y se plantea un plan para promover el regreso al territorio catalán de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otras regiones a partir de 2017. También incluye un punto para resolver situaciones abusivas derivadas de la «judicialización de la política».
«Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», se puede leer en el acuerdo.
El párrafo ha soliviantado al mundo de la judicatura. Todas las asociaciones de jueces, sin excepción, critican la posible creación de «comisiones de investigación» en el Parlamento. En un comunicado conjunto, califican de «intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes» la posibilidad revisar las decisiones de los tribunales mediante comisiones parlamentarias. En similares términos se ha expresado también el Tribunal Supremo.
«Es un error burdo», conviene J. Urías. «Como profesor, yo me puedo permitir valorar a un juez y decir que, en este caso, ha dictado una sentencia política. Pero un partido de gobierno no puede decirlo porque pone en duda todo el sistema democrático», explica, admitiendo que la frase está contenida en un pacto «sin efecto jurídico», y convencido de que nunca habrá en España una comisión parlamentaria que le diga a los jueces «cómo tienen que aplicar una ley».
«El PSOE se ha equivocado al aceptar una alusión al lawfare, no porque no exista, sino porque un partido de gobierno no lo puede decir. Las leyes las aplican los jueces y el Parlamento no puede decir cómo se aplica. Puede dictar la ley, pero una vez dictada, ya no es suya», explica Urías.
«El lawfare se coló en el acuerdo, pero solo es un concepto político», conviene Andrés I. Dueñas, que si bien admite que ha habido posicionamientos de la justicia también desafortunados, «como tildar de terrorismo la ocupación del aeropuerto del Prat», concluye que no se ha perseguido a ningún político «por desarrollar sus políticas».
Información: @Sputnik
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