- El magistrado Felipe de la Mata Pizaña encabeza firma de convenio con Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo; además presentó el libro “Violencia Política Contra las Mujeres en la Justicia Electoral”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), firmó un convenio de colaboración con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, cuya finalidad consiste en ampliar la oferta académica a 25 personas servidoras públicas del gobierno estatal a efecto de que obtengan educación y capacitación en derecho electoral.
Este acuerdo, que forma parte del ya firmado en marzo pasado, permitirá que los participantes adquieran, mediante diplomados, especialidades y cátedras impartidas por la EJE del Tribunal Electoral, conocimientos en materia de justicia electoral, así como fortalecer la profesionalización de cuadros de la administración pública de esta entidad.
Durante el evento, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, destacó que la EJE ha creado en los últimos años un verdadero sistema de reflexión en torno a las temáticas electorales y académicas en el país.
Ante autoridades del gobierno del estado de Quintana Roo, sostuvo que la Escuela Judicial Electoral se ha dado a la tarea de capacitar y difundir en México temas de derecho electoral.
Por su parte, Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Poder Ejecutivo local, resaltó la importancia de que los funcionarios públicos enriquezcan su formación ante el presente proceso electoral, a fin de que Quintana Roo sea un ejemplo de apego a la legalidad de la normativa electoral.
Celebró que debido al éxito y demanda que tiene la maestría en derecho electoral impartida por la EJE, se firme este convenio que además de generar los principios básicos, permite ampliar los conocimientos sobre argumentación jurídica, violencia de género y procedimiento especial sancionador, entre otros.
Como parte de las actividades que se llevaron a cabo en el marco de la Jornada Académica en Derecho Electoral, fue presentado el libro “Violencia Política Contra las Mujeres en la Justicia Electoral”, donde el magistrado Felipe de la Mata señaló que los precedentes históricos de violencia política de género se encuentran primero en las sentencias y después en la ley. En ese contexto, consideró que el legislador lo que ha hecho es crear leyes, a partir de las sentencias; sin embargo, puntualizó, la jurisprudencia del Tribunal Electoral y sus precedentes han sido los que han marcado el contenido de las leyes.
Agregó que en la ley no se encuentra un mecanismo que sea altamente útil en torno a las temáticas de género como es el listado de personas infractoras o violentadores de género, lo cual, dijo, significa que la jurisprudencia electoral sigue siendo la que va adelante.
Indicó que la Sala Superior lo que ha hecho es traer los principios constitucionales que se encuentran en la jurisprudencia y en la ley, y, a su vez, actualizarlos.
Al tomar la palabra, la secretaria de Estudio y Cuenta del TEPJF, Roselia Bustillo Marín, dijo que los temas que aborda la obra tienen que ver con el tipo de violencia que se da en todos los escenarios de manera transversal en los procesos electorales. Entre ellos, resaltó, el de paridad y violencia política de género, ya que entre más mujeres públicas se desempeñan en actividades, más se visibiliza la violencia, lo que ha derivado en un aumento de conflictos y controversias en la justicia electoral.
Por otra parte, al participar en la mesa de análisis sobre acciones afirmativas, la profesora-investigadora de la EJE, Wendy Jarquín Orozco, explicó que la finalidad de estas medidas es reparar injusticias históricas, la discriminación social y estructural, así como crear diversidad o una representación proporcional de los grupos que han estado excluidos; es decir, detalló, este mecanismo actúa frente a discriminaciones históricas y estructurales.
Para su diseño, agregó, es necesario tomar en cuenta a cada grupo en situación de desventaja, a fin de potenciar sus derechos político-electorales. Asimismo, consideró necesario acompañar las acciones afirmativas de políticas transversales de capacitación y entrenamiento, y no soslayarlas de la situación que se quiere revertir.
