Para el proceso electoral federal 2023-2024, el TEPJF elaboró un presupuesto responsable que garantiza el cumplimiento de sus funciones constitucionales 

  • El monto proyectado es el mínimo indispensable para que el Tribunal Electoral cuente con los recursos humanos y capacidades institucionales para enfrentar las cargas de trabajo que normalmente se dan durante los procesos electorales: magistrado presidente Reyes Rodríguez. 
  • Hizo un respetuoso llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados, así como a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, para que reflexione y valore la trascendencia de esta propuesta presupuestal.  

Para el proceso electoral federal 2023-2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboró un presupuesto responsable que garantiza el cumplimiento de sus funciones constitucionales en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024, afirmó el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

Indicó que el presupuesto total requerido para 2024 es de tres mil 890 millones de pesos, es decir, tres millones menos de lo que autorizó la Cámara de Diputados y Diputadas para enfrentar el proceso electoral en 2018, lo que, en términos reales, señaló, representa una reducción del 25 por ciento comparando el 2024 con el 2018.

Al participar en la Reunión de Institutos y Tribunales Electorales de la Segunda Circunscripción, el magistrado presidente Reyes Rodríguez sostuvo que el monto proyectado para 2024 es el mínimo indispensable para que el Tribunal Electoral pueda contar con los recursos humanos y capacidades institucionales para enfrentar las cargas de trabajo que normalmente se dan durante los procesos electorales.

Aseguró que el proyecto que se presenta es un monto suficiente para hacer frente al proceso electoral federal, por lo que externó su deseo de que quienes integran la Comisión de Presupuesto, así como el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, puedan evaluar esa propuesta de reducción de 767.2 millones al presupuesto del TEPJF, prevista en el proyecto de dictamen que está para análisis en la Comisión el día de mañana.

Ante las magistraturas de tribunales locales, autoridades integrantes de los consejos de los institutos electorales locales, así como de las juntas locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, hizo un respetuoso llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados, así como a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, para que se revise, reflexione y valore la trascendencia de esta propuesta que, sin duda, enfatizó, generaría una afectación en las capacidades institucionales frente a la relevancia de los 20 mil cargos que se renovarán y la complejidad del actual proceso electoral.

El magistrado presidente señaló que, de manera cíclica, el Tribunal Electoral requiere más recursos en los años con proceso electoral federal y concurrente, porque el número de asuntos requiere de mayor personal que pueda desahogarlos y garantizar la impartición de justicia electoral de manera oportuna. Por ello, añadió, la consideración técnica que se debe hacer es que el presupuesto para 2024 no es y no debe ser comparado con 2023, sino con 2018.

Destacó que el presupuesto ordinario de 2024 que se presentó no incrementa ni siquiera el 4.8 por ciento de inflación. Esto es posible, añadió, porque el Tribunal Electoral ha aplicado una política de racionalidad y calidad en el gasto público y ha ido tomando las fortalezas surgidas ante la pandemia, como la implementación de la Justicia Digital, la inversión en tecnología, lo que a lo largo de seis años ha podido contener el gasto público del Tribunal.

Agregó que el Tribunal Electoral es una institución fuerte, que está integrada por personas que participan de un servicio civil de carrera administrativo y de un servicio de carrera judicial, lo cual permite estar preparadas y preparados para enfrentar los retos del proceso electoral.

Finalmente, hizo hincapié en que invertir en democracia es invertir en paz social, así como el invertir en la justicia electoral permite mejores condiciones de desarrollo de los procesos electorales y en los ámbitos económico y sociopolítico.

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