La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Puebla enfrenta serias críticas después de una reciente omisión que cuestiona el compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción, pues el día de ayer, el exconsejero jurídico y actual magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Palafox Galeana, no se presentó a la audiencia de sujeción a proceso que se tenía programada tras la denuncia penal que existe en su contra por el delito de abuso de autoridad.
Los hechos se relacionan con el caso de las detenciones ilegales de Sebastián y José, hijos de la Notaria Pública número 4, Norma Romero Cortés, abogada destacada en la lucha contra la corrupción y la única candidata independiente que logró acceder a las listas de candidaturas aprobadas.
Cuando Carlos Palafox y el entonces director de bienes muebles e inmuebles del Estado, Igor Emilio Ferrer, ordenaron la detención ilegal, los jóvenes presentaron una denuncia por tratos crueles, abuso de autoridad y desaparición forzada, pero la fiscalía, de manera sorprendente, enfocó el caso solo como un abuso de autoridad, dejando de lado las graves acusaciones.
“La omisión de la Fiscalía en la audiencia de ayer plantea interrogantes sobre su compromiso con la erradicación de la impunidad. La falta de transparencia y rendición de cuentas en este caso pone de manifiesto la sistemática violación de la integridad de la ciudadanía poblana a través del abuso del poder y el uso excesivo de la fuerza”, indicó Romero Cortés
De acuerdo con lo narrado por los hijos de Romero Cortés, todo comenzó el pasado 27 mayo de 2022, cuando por indicaciones del entonces gobernador de la entidad, (hoy fallecido); Luis Miguel Barbosa Huerta, se ordenó la devolución del área conocida como Los Lavaderos de Almoloya.
Norma Alma Cortés, Auxiliar de la Notaria 4 acudió para dar fe en compañía de los representantes legales del entonces hotel Rosewood, -que tenía en comodato dicha área-, pues solicitaron su presencia.
“En lo que pasaban las cosas, el entonces director de bienes muebles e inmuebles del Estado, Igor Emilio Ferrer, decidió acusarme junto con mi compañero Sebastián por el delito de grabar a un policía, hecho por el que mandaron llamar al consejero jurídico de gobierno y ambos ordenaron nuestra detención”.
En este acompañamiento, el abogado Gerardo Azuara, lamentó los hechos por lo que solicitó justicia.
“Solicito que se actúe conforme a derecho, que victimas e imputados tengan acceso a la justicia y a la verdad; solicito que la constitución, su bloque y el código que rige el proceso sean respetados de manera irrestricta. Trabajar el derecho es aprenderlo a aplicar, no torcerlo a modo y ocultar la verdad.
“Es el primer estado de la república en el que un Ministerio Público abandona a sus víctimas y que deja impunes los posibles hechos de tortura; como abogado considero que la labor del derecho es hacer frente permanente a los atentados contra los derechos humanos, comenzando por la lucha frontal contra la tortura y la revictimización judicial”, señaló Azuara
El caso ha puesto en duda la eficacia y la imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción en Puebla, lo que subraya la importancia de la lucha contra la corrupción y la necesidad de un sistema de justicia transparente y efectivo en el estado.
Sin embargo, Romero Cortés afirmó que “tenemos confianza en las instituciones que el Titular del Ejecutivo del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se está encargando de limpiar de corruptos e impunes, pues como lo ha demostrado con mano firme, el esta de lado de los Derechos Humanos y el respeto a la ley”.
