*Nuestra República en los dos Primeros Lugares de Desapariciones en el Mundo
*No Funciona, Insistir en un Modelo de Seguridad que Está Causando la Desgracia
*El Gobierno Mexicano en un Comunicado Agradeció las Recomendaciones
*Pero no Dijo Nada Acerca de los Aspectos Preocupantes
*Expuso que no se Cometen Desapariciones, Cuando Están Sumando más de 111,000
*En Virtud de la Política Militarizada, la Violencia no Cesa y lo Presentan Como el Reclutamiento Forzado,
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
El 12 de abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU hizo público un devastador informe en el que señala a servidores públicos y al crimen organizado como los responsables del creciente número de desapariciones forzadas en México e instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación a México en noviembre.
El informe precisa que durante los 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López se han registrado, oficialmente, 8 mil casos cada año, lo que representa que 220 personas desaparecieron cada 24 horas.
Aunque la información generada en Ginebra, sede del Comité que preside Carmen Rosa Villa Quintana, (quien es presidenta del Comité contra la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas), es pública, el Estado mexicano no ha tomado las medidas pertinentes para reducir el número de desaparecidos de manera forzada.
“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó el Comité.
En abril de 2023, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto de León, compareció ante el Comité e informó que de acuerdo con información proporcionada por poderes judiciales de los estados, de 2018 a la fecha se han judicializado mil 193 averiguaciones y carpetas, de las cuales en 271 ya se dictó una sentencia: 218 condenas y 53 absoluciones.
Ante la información oficial ofrecida, la relatora Villa Quintana observó que la cantidad de personas desaparecidas, más de 111 mil, “no cuadra” con el número de investigaciones, que “siguen siendo mucho menores”.
Los investigadores del Comité estuvieron en México en 2021 y con los datos recabados elaboraron el informe que no ha sido tomado en cuenta por el gobierno actual, en el que además de omisiones en aplicar la ley para “cuadrar” desapariciones con carpetas de investigación, ha desmantelado virtualmente todo apoyo para las madres buscadoras que han denunciado la ausencia de acciones oficiales y por ello actúan bajo su cuenta y riesgo.
El documento del Comité, disponible en su página de Internet, hace pública su preocupación por la situación en la que laboran y viven los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
El Comité sugiere, entre otras medidas, no militarizar la seguridad pública y regresar a las normas constitucionales y que sean civiles los que resguarden la vida y los bienes de los habitantes de México.
Sin embargo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Religiosos a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, no ha manifestado, por lo menos públicamente, la postura de México frente al devastador informe.
AYOTZINAPA,
EL ESCUDO
Para el gobierno mexicano las desapariciones que ocurren cada 24 horas, no encuentran actividad eficiente. Durante 5 años, el tema de “mayor importancia” para el presidente López y sus subalternos, tiene nombre y sin apellido: Ayotzinapa.
Como escudo y espejo que refleja el “intenso trabajo que se realiza”, Encinas y su equipo han tomado el caso de la desaparición forzada como el prototipo de cómo en el pasado se inventaban testimonios y se creaba la “verdad histórica”, que se ha pretendido destruir sin lograrlo hasta la fecha. Incluso, las conclusiones apuntan hacia el mismo camino seguido por el exprocurador Jesús Murillo Karam y su jefe de investigación, Tomás Zerón.
La “novedad” hallada consiste en responsabilizar a las autoridades federales de haber perpetrado un “crimen de Estado”, cuando la desaparición forzada está tipificada como “delito del fuero común” y corresponde a las fiscalías estatales indagar los hechos, encontrar a los responsables y aplicarles el peso de la ley contenido en sus códigos penales estatales.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dice el reporte del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
La respuesta del gobierno se ha realizado a través de las conferencias matinales del presidente de la República, en la que se da a conocer cómo los “delitos de alto impacto” se han reducido. Aunque la encargada de la información es la secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, sus datos tampoco cuadran con los obtenidos por el Comité.
Para oxigenar el tema de la seguridad –que abarca todos los delitos que se cometen en el país-, el presidente ordenó crear un segmento en sus conferencias, que se llama “cero impunidad”, probablemente para tratar de desmentir el contenido del informe que, se indica oficialmente en Ginebra, no se realiza con tintes políticos sino con datos precisos.
En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas. Y urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
(Las madres buscadoras han denunciado en el presente año, el abandono gubernamental, la carencia de recursos financieros y la lentitud con la que se realizan las investigaciones, aunque estén abiertas las carpetas).
El Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
Ello, “Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.
EL INEXISTENTE
SIENCIO DE LA ONU
Apenas iniciaba el mes de octubre, cuando la Organización de las Naciones Unidas se convirtió en blanco de los ataques presidenciales. Críticas cotidianas que remataban: es un florero, no sirva para nada, antes no decía nada y ahora arremete contra nuestro gobierno.
MISIÓN POLÍTICA buscó a quien en su momento presidió el Comité: Santiago Corcuera, académico de la Universidad Iberoamericana, quien puso el dedo en la llaga al considerar falso lo que se dice de que la ONU no había dicho nada antes y que ahora se ensaña contra su gobierno. Es absolutamente falso. “El presidente miente con cada diente, porque la ONU ha venido reiterando la crisis de derechos humanos en México desde que Calderón inicio la pésima política de militarizar la seguridad pública”, dijo.
MP: En estos días ha habido algunas posturas de la ONU sugiriendo un mejor trato a los migrantes, porque se están violando sus derechos. ¿Estamos haciendo bien las cosas en México en materia de Derechos Humanos o ya se dio el giro de 180 grados y pasamos de los brazos abiertos a una especie de retención disfrazada?
SC: Los pronunciamientos a los que usted se refiere son los derivados de la comparecencia que tuvo México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, y México compareció ante el Comité después de que el mismo comité en noviembre del 22 formuló un informe con una serie de recomendaciones y entonces el Comité mando llamar a México nuevamente para que diera cuentas de la implementación de las recomendaciones formuladas en aquel informe y acaba de emitir un nuevo documento de 17 páginas, derivado de la comparecencia del Estado Mexicano y ahí derivan una serie de cuestiones muy importantes y yo resaltaría dos muy importantes.
Además…
Uno: que no se ha implementado un programa o un plan nacional de prevención de las desapariciones, porque todos los días se siguen presentando desapariciones, a razón de una por hora o 25 por día, algunos estudios indican que hasta más de 30 por día.
Y también…
Al Comité lo preocupa que no se haya establecido una política para la prevención de las desapariciones, además el Comité le dijo a México que preocupa el altísimo nivel de impunidad que es casi absoluta, porque la desproporción de los casos judicializados frente a los más de 111 mil personas desaparecidas, oficialmente registradas, es prácticamente absoluta la impunidad y luego también menciona de manera sumamente importante, que el Estado mexicano no ha hecho absolutamente nada para reducir la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
Explicó…
El Comité le dijo al Estado mexicano en su informe derivado de la visita de noviembre del 22 que debería de abandonar el modelo militarizado de seguridad pública y ahora le reitera su recomendación y lo exhorta a fortalecer las policías civiles y también le dice que tiene que realizar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas armadas en esas áreas de seguridad pública.
Porque de seguir adelante el gobierno con esa política de militarización, la violencia no va a bajar, las ejecuciones no van a bajar, los índices de muertos por cada cien mil habitantes no van a bajar de los niveles en donde estamos y las desapariciones por desgracia seguirán ocurriendo,
MP: ¿Cuál es el argumento del Estado mexicano para no tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU?
SC: Yo no creo que tengan muchos argumentos, lo que dice la Secretaria de Gobernación es que no iban a cambiar la política porque estaba funcionando, pero lo malo es que no afirman porque dicen tal cosa, eso sí es politiquería, decir lo que funciona cuando en realidad no funciona, seguir insistiendo en un modelo de seguridad que está provocando la desgracia en la que el país está revolcado y sumido.
MP: ¿Es posible alguna medida coercitiva para que se atienda o simplemente se queda en la recomendación?
SC: No, en esa materia la fuerza que tiene el Comité es su experiencia, su objetividad, su conocimiento, no solo en México sino en otros países, y la fuerza de sus recomendaciones es una especie de magistratura de opinión y la obligatoriedad de sus recomendaciones derivan de eso, del Derecho Internacional, pero no hay mecanismos de coerción para el cumplimiento de estas recomendaciones, más bien se basa en la cooperación que deben mostrar los estados y la buena fe para la implementación de las recomendaciones.
El gobierno de México sacó un comunicado muy bien redactado, muy diplomático agradeciendo las recomendaciones y repitiendo lo que el comité dijo respecto a los aspectos positivos y nada diciendo respecto a los aspectos preocupantes.
MP: ¿En qué lugar estaría México respecto a otros pises por la falta de cumplimiento en materia de desapariciones?
SC: Es difícil contestar eso, pero se encuentra dentro de los dos primeros lugares en desapariciones, lo cual es verdaderamente alarmante, los dos países que más reportan informes sobre desapariciones forzadas son Irak y México, nada más para que se dé un pequeño quemón.
MP: No es un quemón es una quemadura de tercer grado.
SC: Es una situación verdaderamente gravísima, que por desgracia el gobierno niega o trata de minimizar, el presidente dice que en México no se cometen desapariciones, y cómo no si son más de 11 mil desapariciones, el presidente dice que no se ordenan las desapariciones, pero el problema no es ese, sino que en virtud de la política militarizada, la violencia no cesa y lo presentan como el reclutamiento forzado, trata de personas, de migrantes, todos esos factores que en el contexto de México generan esta crisis humanitaria descomunal, es por eso que el Comité ya le ha dicho 4 veces a México que en el país hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del país.
MP: Ahora se entiende al presidente cuando se refiere a la ONU como un florero
SC: NO, él dice que la ONU no había dicho nada antes y que ahora se ensaña contra su gobierno, lo cual es absolutamente falso, ahí el presidente miente con cada diente, porque la ONU ha venido reiterando la crisis de derechos humanos en México desde que Calderón inicio la pésima política de militarizar la seguridad pública.
De ahí en adelante la ONU ha venido reiterando de manera constante que esa política conduce a la violencia y a la violación de derechos humanos.
MP: ¿Ese es el comité de desapariciones forzadas?
SC: Es el Comité Contra la desaparición forzada, un órgano del que yo fui integrante, del que fui presidente en algún momento, creado a la luz de la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que es una convención de la ONU, que adopta en el año 2006 y que entra en vigor en el 2010.
MP: Es decir que hay la existencia de un organismo que está enterado de lo que ocurre, cuyas recomendaciones deberían de ser tomadas en cuenta, pero lo visto en México son cero a la izquierda.
SC: Pues no tanto, porque si ha estado buscando adoptar medidas, algunas de ellas, si se han logrado ciertos avances en materia legislativa, en el establecimiento de centros de investigación forense, en un plan de búsqueda en un protocolo homologado de búsqueda, pero esos son documentos, el problema es que los documentos se tienen que poner en práctica.
Con el mismo objetivo, se entrevistó a Cristina Lozano, abogada del área jurídica del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
MP: ¿La postura de México ante la ONU en materia de Derechos Humanos?
CL: Después de esta visita del comité en noviembre de 2021, actualmente la cifra de desaparecidos va arriba de las 111 mil personas, incluso hace un par de semanas, el Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, justamente en este último examen que hace de la crisis de desapariciones en México, al emitir esta serie de recomendaciones resalta esta urgencia en transparentar la metodología utilizada por el Gobierno para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Como sabemos se estaba implementando incluso desde las familias, que se cuestionara la fiabilidad de los datos proporcionados, sobre la participación de este proceso.
MP: La comisionada de esta área renuncio hace un par de semanas, justamente por no estar de acuerdo en el nuevo padrón.
CL: Así es, incluso las familias habían solicitado asegurar que el proceso de selección de la nueva persona encargada de la comisión cumpla con todos los estándares establecidos en la ley general. Pero el Comité menciona que se carece de una metodología clara y transparente de los mecanismos de participación de las familias, tanto en una coordinación interinstitucional, desde federal y estatal, encargadas de la búsqueda y la investigación.
En las recomendaciones emitidas por el Comité después de la visita menciona que las desapariciones forzadas en México cumplen con estos delitos de naturaleza perfecta y esto por el nivel de impunidad que es casi absoluta.
Hablamos que entre el dos a seis por ciento llegan a ser judicializados, después de la visita del Comité había solo 36 casos de desaparición a nivel nacional, eso nos habla del grado de impunidad en México y de que es un rasgo estructural que favorece a la reproducción y al encubrimiento de las desapariciones.
MP: ¿Hay alguna forma de atender las recomendaciones de la ONU o simplemente se queda en que si quiere tomar las recomendaciones que las tome y si no, no las toma, hay alguna forma de poder exhibir el incumplimiento?
CL: Si, las obligaciones contenidas dentro de la Convención contras las desapariciones forzadas finalmente México al firmar esta convención bajo el principio internacional, la obligación le compete completamente al Estado Mexicano, en cuanto a este nivel de cooperación, incluso la visita del comité no había ocurrido y eso nos habla de la crisis a nivel de desapariciones que tenemos.
MP: Platicando con el doctor Corcuera comentaba que tenemos un honroso segundo lugar que no es nada honroso, en materia de desaparición forzada solamente superados por Irak. ¿Cómo entender eso en un país que es supuestamente democrático y que está regido por un marco jurídico Constitucional?
CL: Creo que viene de todo un contexto de política nacional, que debería implementarse, que debería ser integral, para atender estas causas que apuntan a las desapariciones forzadas, que deben de tener acciones concretas, análisis de contexto y toda esta implementación de política nacional y la firme voluntad política y el compromiso de todas las autoridades del estado para combatir esta crisis.
MP: ¿En este caso influye que se esté militarizando la seguridad en el país?
CL: Si, incluso en el informe después de la visita, en sus recomendaciones hablo de abandonar el enfoque militarizado, también habla de que estas reformas de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH en su momento ante la SCJN dieron cause a este enfoque de militarización e instó al estado mexicano a abandonar este enfoque.
A que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos, garantizar el carácter de las instituciones de seguridad y de fortalecer a las fuerzas civiles que requiere el Estado para establecer un plan ordenado, inmediato y verificable para esas tareas de seguridad pública.
MP: ¿Qué futuro nos espera ante el desdén del Gobierno mexicano que incluso acusa a la ONU de ser un florero y que se debe reformar, que nos podemos esperar respecto al ritmo de las desapariciones y si en algún momento podemos suponer que esto se pudiera frenar?
CL: Yo creo que la política nacional de prevención y de erradicación, no debe limitarse a la prevención operativa, o a acciones que solo vayan encaminadas a atender las desapariciones en curso, se trata de impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad de las desapariciones tanto de las presentes como las del pasado. Pero también fortalecer el tema de política pública y de prevención.
MP: ¿Tiene usted conocimiento de que se esté avanzando en algo o se nos ha quedado en el tintero?
CL: Digamos que a partir de la visita del Comité se constituyó un grupo de seguimiento a través de la Secretaria de Gobernación, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, un poco para dar seguimiento a estas recomendaciones del Comité, bueno pero hasta el momento y por parte de organizaciones de la sociedad civil como del que yo formo parte, pues no hemos participado en esta construcción, de una política de prevención, de erradicación de las desapariciones, tal parece que el enfoque del cómo se está actuando frente a esta crisis es de reacción y no de planeación.
IMPUNIDAD ¿CERO?
Con las opiniones vertidas, se confirma que el segmento de “impunidad cero” es solamente una pantalla para mantener la política de abrazos y no balazos y que, desde la óptica presidencial, “los criminales también tienen derechos”.
