POR ÁNGEL LARA PLATAS
Menudo conflicto les está generando el INE a los partidos políticos con candidatos en competencia, como es el caso de Morena y sus aliados y los del frente opositor, por pretender que nombren mujeres donde los de mayor aceptación son varones.
El INE determinó que para las nueve gubernaturas en juego, deben postular a 5 mujeres y a cuatro hombres.
Argumenta que la medida es para garantizar la participación de las mujeres en la política; forzando a los partidos a que impongan, a mujeres donde los de mayor aceptación son hombres.
Si bien es cierto que Morena y sus aliados son los que se adelantaron a perfilar a sus presuntos candidatos, pronto lo hará la oposición.
Morena, que ya sabe quiénes pueden ganar y quienes no, se le están descuadrando los números. Por eso la inconformidad con la medida.
Por su parte, los partidos opositores deben estar buscando algún mecanismo para cumplir con la intención del árbitro electoral, pero a su vez, no estropear los derechos de los varones.
Si bien es cierto que el artículo cuarto de la constitución refiere la paridad de género, y tal vez el INE lo esté interpretando en el sentido de privilegiar la participación de las mujeres en los cargos de elección popular; la interpretación está restringiendo la participación de los varones.
En el contexto del caso que nos ocupa, la disposición del INE está implantando la práctica que las mujeres no accedan a las candidaturas por méritos propios, sino por mandato de ley.
Dicha medida es impugnable. Los partidos políticos pueden impugnar. Tal vez no lo hagan por el costo político.
Esta medida se opone a uno de los principios elementales de la democracia.
En los regímenes democráticos es el pueblo, en mayoría, quien decide quiénes serán los aspirantes que lo gobiernen, en base a su trayectoria y capacidades para desempeñarse honrosamente.
La gente valora a la persona, no al género. El ciudadano no repara si es hombre o mujer.
En los nueve estados que renovarán gubernaturas, Morena trae a más de cuatro varones que puntean en las encuestas.
Pero el INE pretende que postulen a cuatro hombres y a cinco mujeres.
Los partidos políticos, para acatar la decisión del órgano electoral, se verán obligados a violentar los derechos democráticos de los ciudadanos, toda vez que ya se expresaron su opinión a través de las encuestas.
El Instituto Nacional Electoral, que debe velar porque las elecciones se desarrollen de manera transparente, y promover entre los partidos políticos el espíritu democrático para evitar imposiciones, resulta que ahora quiere que los partidos impongan como candidatas a algunas mujeres que no garantizan triunfos porque no están en el ánimo mayoritario.
Esta medida merece una explicación más amplia y mejor sustentada en las leyes.
Además, en los estados donde son varones los que cuentan con el respaldo popular, no se ha sabido que algún partido haya obstaculizado la intención de alguna mujer por conseguir la candidatura, que cuente con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. En caso contrario, el INE debe proceder en consecuencia.
Por otra parte, los partidos están obligados a promover la participación de las mujeres y los jóvenes en los quehaceres políticos. Esto enaltece a la política, que mucha falta le hace.
