Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Ante la evidente ilegalidad en la extinción a 13 de los 14 fideicomisos -operados por el Poder Judicial de la Federación- y por la cual se afectan derechos adquiridos y laborales, la lógica –algo que no aplica el huésped temporal de Palacio Nacional- jurídica lleva a concluir que habrá un huracán de amparos y cuando menos dos acciones de inconstitucionalidad para revertir la decisión de los legisladores del oficialismo.
No hay que ser genio para saber que si alguien es afectado por una ley le asiste el derecho de ser protegido por la justicia federal. Ese es el espíritu y la letra del ordenamiento llamado AMPARO.
El amparo es el freno al abuso de la autoridad –de los tres niveles de gobierno- y el escudo legal que protege a quienes resulten afectados y comprueben fehacientemente que sus derechos han sido trastocados. No es una revancha en contra de alguien en lo particular. Es una acción apegada a la Constitución. Ni más, ni menos.
Pero eso no lo entiende el huésped temporal –le que quedan 269 días para seguir parloteando y violando las leyes- y supone que si los Juzgados federales en materia de amparo y la mismísima Suprema Corte los reciben “romperán el orden constitucional”.
“Les estoy adelantando lo que viene del bloque conservador: va a presentar un recurso de inconstitucionalidad o van a haber amparos y entonces el Poder Judicial, convertido en juez y parte, va a desconocer el mandato del Poder Legislativo”, declaró a lo largo de sus monólogos matinales.
“Quiero que los constitucionalistas me digan si eso no es romper el orden constitucional y afectar la división y el equilibrio de poderes”, señaló.
¿Quién ha roto el equilibrio y la división de poderes?
Se hace el occiso. Las pruebas hablan en su contra: exige que el Poder Judicial de la Federación rechace todas las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos, cuando publica sus reformas que, conforme al manualito que no ha leído nunca, precisa que el Poder Judicial está obligado a proteger a los ciudadanos, empresas y núcleos familiares, del abuso de poder.
El señor López estaba feliz cuando Arturo Zaldívar presidía la Corte y con él tejió el entramado para, primero, presentar una iniciativa para “reformar el Poder Judicial”, misma que fue aprobada en sus términos, es decir, sin quitarle un punto o una coma. Segundo, en el tejido se planeó que la ministra Yasmín Esquivel sucediera al ministro Zaldívar. Hasta ahí, todavía desayunaban los dos personajes en Palacio Nacional.
Al fracasar el intento de que una empleada de la casa presidencial presidiera la Corte, las cosas giraron 180 grados y comenzó el ataque despiadado e infundado en contra de 9 ministros, dos de ellos propuestos por el señor López, acusándolos de corruptos, de proteger a delincuentes, de liberarlos, de vivir en los lujos y de violar la Constitución al no reducirse el suelo para ganar menos que su “serenísima”.
El presidente controlaba ya el Legislativo con sus bancadas y en la primera legislatura de su gobierno, logró reformas constitucionales a las que se sumaron las oposiciones. Las elecciones de 2021 le quitaron el poder. No tiene los votos para reformar la Carta Magna y por eso escogió el camino de las reformas legales. No esperaba, por supuesto, que ciudadanos, empresarios y el bloque opositor en el Congreso de la Unión, frenarían sus arbitrariedades y abuso de poder.
Y el choque con la ministra Norma Leticia Piña, primero fue de ladito y después frontal.
Ahora pretende acusar a la Corte de juez y parte si ordena marcha atrás a la extinción de los fideicomisos. Y eso, según su leal saber y entender, rompe el orden constitucional.
No ha entendido que no será la Corte la que busque revertir la decisión del Legislativo. Atenderá, como es su deber, los amparos, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad como lo ha hecho con otros temas y leyes.
Y no será el Poder Judicial de la Federación el que rompa el orden constitucional de suyo roto por el señor López. Para el aspirante a tirano, porque también es aspiracionista, nadie tiene derecho a defenderse de leyes y sus consecuencias.
Estás conmigo o en mi contra, es la definición presidencial a quien no lo obedece ciegamente. Los que están en su contra ya suman millones, muchos millones y se lo demostrarán en las urnas.
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