Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), vinculó al Congreso del Estado de Chihuahua a legislar para garantizar los derechos político-electorales de las personas de comunidades y pueblos indígenas. Además, afirmó que el ejercicio efectivo de tales derechos está asegurado para el siguiente proceso electoral, pues el organismo público local electoral deberá implementar las acciones afirmativas que resulten necesarias.
El asunto se originó a partir de diversas demandas de distintos miembros de comunidades y pueblos indígenas; el Tribunal local determinó que el Congreso del estado incumplió su obligación de dictar las leyes necesarias para proteger los derechos de las personas indígenas. En consecuencia, le ordenó resolver esa omisión legislativa antes de que iniciara el siguiente proceso electoral.
Posteriormente, en julio de este año, el Congreso local reformó la Ley Electoral del estado. No obstante, las personas indígenas actoras presentaron incidentes de incumplimiento a la sentencia mencionada, porque consideraron que la reforma no incluyó la normatividad que se ordenó emitir en la sentencia.
En su oportunidad, el Tribunal local declaró parcialmente fundados los referidos incidentes, pero tuvo al Congreso local en proceso de cumplimiento. Inconformes, las personas indígenas actoras acudieron ante la Sala Superior.
En sesión pública presencial, a propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con la ausencia justificada de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado Indalfer Infante Gonzales, el pleno dio la razón a las personas actoras en cuanto a que el Congreso local sigue sin cumplir con la sentencia porque no ha emitido la normatividad que ordena la Constitución y los tratados internacionales en materia de pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, se vinculó al Congreso de Chihuahua para que, a la brevedad, emita la legislación que garantice los derechos político-electorales de las personas indígenas.
Además, se razonó que, a pesar de la omisión legislativa, los derechos de las personas de los pueblos y comunidades indígenas están garantizados para los procesos electorales 2023-2024 de Chihuahua, pues su instituto local deberá emitir las acciones afirmativas apropiadas (SUP-JDC-344/2023 y acumulados).
