La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé discutir este miércoles un amparo promovido por la organización Fundación para la Justicia (FJEDD) y suscrito por siete más, con el cual busca declarar inconstitucional la aplicación de medidas migratorias en el país como el despliegue de la Guardia Nacional para esas tareas y permitir que los solicitantes de asilo en Estados Unidos puedan permanecer en México mientras se resuelve su petición.
Enlistado en la Segunda Sala de la SCNJ, el asunto se encuentra a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien propuso a sus compañeros rechazar la petición de amparo pues considera que las medidas mencionadas no afectan los derechos humanos de las personas migrantes.
El amparo promovido por la FJEDD pretende que la Declaración Conjunta México Estados Unidos firmada en junio de 2019, aún bajo la presidencia de Donald Trump, debe declararse inválida, pues se cometieron violaciones al proceso legal que deben seguir los acuerdos como este, además de generar condiciones para posibles violaciones a sus derechos humanos.
La organización civil señala, en primer lugar, que el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, pero en particular en la frontera de México y Guatemala para frenar el tránsito de personas “es un acto que afecta los derechos fundamentales” de las personas.
Los coloca en una situación de peligro ante posibles abusos de autoridad por parte de los agentes de la corporación de seguridad.
Con la firma de la Declaración Conjunta, el gobierno mexicano se comprometió a brindar servicios de salud, educación y oportunidades laborales, en lo que se resolvía su situación migratoria, lo que en los hechos convierte a México en lo que se conoce como el “tercer país seguro”.
Esto alerta a la organización, pues, señala, México no puede garantizar la seguridad de las personas migrantes y sus familias mientras permanecen en el territorio, ya que entidades fronterizas como Chihuahua, Baja California y Tamaulipas atraviesan por un grave contexto de inseguridad que deja vulnerables a los viajeros.
Finalmente, acusa que en la firma de la declaración no participaron instancias responsables en la materia como la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni fue aprobada por el Senado, organismo que debió analizar el documento, pues en él se establecen obligaciones para diferentes autoridades.
“La parte quejosa en su demanda de amparo atribuye diversos vicios constitucionales en su conformación, tales como que en su conformación debieron seguirse las formalidades para la firma de un tratado internacional, como lo es la aprobación del Senado de la República y su respectivo registro, pues al imponer obligaciones no puede considerarse solamente un acuerdo”, refiere el proyecto.
