La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que “cada vez es más evidente la conducta indebida” de jueces de distrito y magistrados federales a favor de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un comunicado, la fiscalía fijó su postura respecto al fallo del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito, que declaró como ilícita la información bancaria de las cuentas de Lozoya Austin, aportada por el Ministerio Público Federal en la carpeta de investigación, con el argumento de que fue obtenida sin contar con una autorización previa de un juez.
“Los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio “L”, y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales”, afirmó la FGR en un comunicado.
Con esta decisión, el colegiado confirmó la determinación que, desde el 10 de marzo, tomó el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, quien desechó aceptar como pruebas los reportes de las cuentas bancarias de Lozoya Austin, con el mismo criterio esgrimido por el tribunal.
«Los medios probatorios contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previa a su obtención, y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o sólo de nuestro País», señala el fallo del colegiado.
Según la FGR, estas determinaciones judiciales son evidentemente ilegales y contravienen a los estipulados en el Código Penal Federal. “Uno de esos mismos Jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio “L”, que artículos expresos de la legislación, le niegan”, sostiene la fiscalía.
