- El magistrado José Luis Vargas Valdez sostuvo que uno de los mayores legados del TEPJF es con la protección a grupos vulnerables que históricamente han sido desprotegidos.
- Una forma de garantizar la independencia y la imparcialidad en contextos polarizados es con la prudencia y a través de generar una distancia con el poder político, consideró la magistrada Janine Otálora Malassis.
En el marco del primer día de actividades del Congreso “Elecciones 2024 en México: acompañamiento electoral jurisdiccional internacional”, el magistrado José Luis Vargas Valdez y la magistrada Janine Otálora Malassis, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participaron en las mesas de análisis “Judicialización de las elecciones: el papel de los tribunales durante los procesos electorales” y “Retos y desafíos para las autoridades electorales: Independencia e imparcialidad”, respectivamente.
Durante el evento, organizado por el TEPJF, a través de su Dirección General de Relaciones Institucionales Internacionales, y el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas, expuso que el actual diseño electoral mexicano, desde su primera concepción a principios de los años 90, estuvo confeccionado para que fuera un sistema de alta litigiosidad, aunque en términos generales y en los tiempos actuales, dijo, no es positiva una mayor judicialización en las elecciones.
Señaló que la integridad electoral en materia jurisdiccional se da a partir de la calidad de la justicia que se imparte, es decir, tiene que ser una justicia apegada a la legalidad, clara, precisa, así como con independencia, imparcialidad y efectividad.
Sostuvo que de los mayores legados del TEPJF es con la protección a grupos vulnerables que históricamente han sido desprotegidos. Ejemplo de ello, apuntó, son muchos de los criterios de paridad de género que hoy están ya plasmados en la Constitución, así como aquellos que tienen que ver con la representación política de minorías, como indígenas, migrantes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ. En ese sentido, puntualizó que también se tiene que seguir fomentando y profesionalizando a la Defensoría Pública Electoral, como un mecanismo para quien no tiene o no se puede valer por sí mismo de asistencia legal.
Por su parte, la magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora, afirmó que, para poder hablar de una adecuada independencia judicial, es indispensable la imparcialidad de quienes integran un órgano de justicia, imparcialidad que conlleva, dijo, a la exigencia de que quienes estén a cargo de impartir justicia lo hagan de manera objetiva, careciendo de cualquier prejuicio y ofreciendo garantías objetivas suficientes.
El ataque sistémico a las autoridades judiciales, incluidas las electorales, que se vive en muchos países, advirtió que puede acabar teniendo una incidencia en la imparcialidad y la neutralidad de quienes ejercen la función jurisdiccional. En este sentido, consideró que una forma de garantizar la independencia y la imparcialidad en estos contextos polarizados es con la prudencia y a través de generar una distancia con el poder político.
En ese contexto, apuntó que el Estado de derecho tiene una exigencia doble: por una parte, poner un dique y una regla a la voluntad del aparato estatal, por otra parte, que esta regla y la voluntad estatal cuenten con un talante democrático.
Tras participar en el panel “Judicialización de las elecciones: el papel de los tribunales durante los procesos electorales”, la docente en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, María Ángeles Ahumada Ruiz, consideró que, en las democracias constitucionales contemporáneas, el arbitraje de jueces en los comicios y los procedimientos electorales genera beneficio, porque lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas.
En tanto, la jueza de la Corte Constitucional de Zambia, Maria Kawimbe, señaló que en África los tribunales son el medio preferido para la resolución de los conflictos electorales, porque estos legitiman en gran medida las victorias electorales de los gobernantes. Asimismo, la asesora jurídica sénior del Departamento de la Carta Social Europea del Consejo de Europa, Amaya Úbeda de Torres, al hablar sobre el papel del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el control judicial de las elecciones, indicó que este contribuye a la preservación de la democracia.
Mientras que en la mesa “Retos y desafíos para las autoridades electorales: Independencia e imparcialidad”, José Ramón Cossío Díaz, investigador asociado de El Colegio de México y ministro en retiro de la SCJN, consideró que, en el marco del proceso electoral 2023-2024, la observación electoral debe ser diferente y reforzada con relación a comicios anteriores. Al respecto, explicó que anteriormente este acompañamiento internacional verificaba la calidad de los procesos electorales, su transparencia y buen desarrollo; sin embargo, derivado del contexto político actual, consideró que en este proceso los observadores internacionales también tienen que hacer los señalamientos sobre las presiones que están recibiendo las instituciones electorales por parte de otras instancias gubernamentales.
Al tomar la palabra, el investigador y sénior en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena, Italia, Giammaria Milani, resaltó la importancia de la observación electoral en los procesos electorales contemporáneos, tanto en democracias consolidades como en aquellas que se encuentran en proceso, porque dicha actividad tiene, subrayó, varios objetivos vinculados a la exigencia de fortalecer la legitimación de los procesos electorales.
En tanto, el exdirector general de Elecciones de Canadá, Jean-Pierre Kingsley, consideró necesario que la autoridad electoral de esa nación explique sus decisiones para que la gente entienda las razones que se toman en la resolución de los conflictos electorales y así refrendar su independencia e imparcialidad. Mientras que Diego García-Sayán, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, se refirió a los tribunales electorales como un espacio importante donde el Estado está obligado a garantizar su independencia y su integridad de manera absoluta.
