Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Como regla general en los países democráticos, los legisladores de los partidos oficiales son aliados del presidente. Por pertenecer a la misma corriente política, no necesariamente ideológica, llegan al poder junto con quien es el primer mandatario y el premier, según sea el régimen de gobierno.
A diferencia del parlamentarismo, en los regímenes presidencialistas, en donde la separación de poderes es la esencia misma de la estructura en las administraciones, la solidaridad con el jefe del Ejecutivo, es completa. En el parlamentarismo, en donde quien gobierna lo hace gracias a la decisión de los congresistas, las discusiones son abiertas y en ocasiones contrarias a las posiciones del premier. Incluso, el llamado “voto de censura” le cuesta el cargo al premier.
Centrando la idea en México, no es ninguna novedad que los legisladores aprueben las políticas gubernamentales sin, prácticamente, discusiones que influyan en la decisión de las mayorías, sean propias o construidas con aliados. Durante la construcción de los dictámenes, que se realizan en comisiones, las oposiciones son escuchadas y en muchos de los casos, no en todos, sus opiniones son tomadas en cuenta y se incorporan a los textos de las iniciativas que se discutirán en los Plenos, sea el Senado o la Cámara de Diputados.
No es eventual que los congresistas suban la voz, lancen epítetos, recuerden el 10 de mayo a los adversarios, se reten a golpes, tomen las tribunas y finalmente, sin acuerdo o consenso, se votan las iniciativas. La mayoría se aprueba y hay, ahora se ha vuelto común, que las enviadas por el Ejecutivo en esta legislatura, sean desechas y enviadas al triturador de papel.
En las redes sociales, el todavía presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, cuya gestión termina formalmente el 31 pero desde mañana se conocerá quien asume el cargo para el último año de la segunda legislatura, copió como aquella licenciada que usted conoce, las palabras presidenciales con las que descalifica el trabajo del Poder Judicial y se centra en los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repite íntegramente lo expresa en decenas de ocasiones por el huésped temporal de Palacio Nacional.
Que ganan 300 mil pesos de salario (falso), que obtienen 100 mil pesos en primas vacacionales (falso); 586 mil pesos en aguinaldos; 720 mil pesos anuales para comer en restaurantes de lujo y tienen un comedor especial en el que pueden pedir bebidas alcohólicas (falso); dos vehículos blindados con valor de seis millones de pesos que se renuevan cada año y que al concluir su mandato se quedan con ellos (falso). No explica si cada ministro tiene dos camionetas. Generaliza.
Menciona: cinco millones 540 mil pesos mensuales para contratar personal; 640 mil 372 pesos al año como pago por riesgo; cuentan con seguros para autos y casa habitación; con 30 millones de pesos para seguros de gastos médicos para ellos y su familia nuclear; y pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo. De todo lo expresado e imitando al jefe de la banda presidencial, no aporta pruebas. Son solamente dichos.
En una nota informativa, se precisa: “En un claro enfrentamiento con el Poder Legislativo, la ministra Norma Piña pretende justificar los privilegios de los ministros, pues en un hecho sin precedente convoca este lunes 28 de agosto a sesión pública solemne del Pleno de la Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral para defender y justificar sus privilegios con un excesivo Presupuesto para 2024”, escribió el senador.
Es la visión presidencial y como enfermedad contagiosa, la padecen quienes cobran por no legislar asuntos de relevancia e importancia para la democracia, la libertad y la información.
Que 3 ministros de la Segunda Sala hayan aprobado el reinicio de actividades del INAI con solamente 4 comisionados, no es un reto para el Legislativo. Es cumplir con una responsabilidad que vetó el presidente. Durante un año, se ha negociado y fracasado en ello, la designación por parte del Senado de cuando menos un comisionado para que el Pleno del INAI sesione. En tres ocasiones el anterior coordinador de los congresistas de Morena, Ricardo Monreal, intentó cumplir la Constitución. Sus pares no lo permitieron. Y no, no crea usted que por convicción frenaron los nombramientos. Lo hicieron por la ciega obediencia que le dispensan al presidente de la República.
El enfrentamiento entre los dos Poderes está dado desde el momento en que no logró el presidente López imponer a Yasmín Esquivel de Rioboó como presidenta de la Corte. A partir de ese momento, a finales de diciembre y principios de enero, los ministros se volvieron los enemigos de la libertad, los representantes del “supremo poder conservador” y los que “violan la Constitución (artículo 127) por ganar mayor salario que el Jefe del Ejecutivo federal.
No ha sido el Poder Judicial el que ha violado la Constitución y las leyes que de ella emanan. Ha sido el Ejecutivo.
Y eso, lamentablemente, no lo admite el que nunca se equivoca. El respaldo de sus empleados, que deberían ser de los ciudadanos, a estas alturas se vuelve un lastre para la democracia.
Es tiempo de reflexionar si los mexicanos queremos perder libertades en aras del avance destructivo de instituciones, libertades, democracia.
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