Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Hay ocasiones en que se debe examinar la razón por la cual las indagatorias federales tardan más de 6 años para concretarlas.
Partiendo de la designación del Fiscal General de la República, concretada el 18 de enero de 2019, es decir 39 días después de haber tomado posesión el actual presidente de la República, han transcurrido 4 años 8 meses y 24 días y es hasta ahora que sale a luz pública la aprehensión de un exsecretario de finanzas en Coahuila durante el mandato de Rubén Moreira Valdez, que concluyó el 30 de noviembre de ¡2017!
De acuerdo con la información revelada, la Fiscalía General de la República imputó al exdirector General de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, Nazario Salvador Iga Torre, por el presunto peculado de 475 millones de pesos registrado durante el mandato del exgobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de los diputados federales del PRI.
Concediendo sin aceptar que los hechos hayan ocurrido como se narra en la información, no se explica la razón por la cual debieron pasar 6 años para la imputación en la que sale a relucir el nombre de Enrique Peña Nieto.
No se requiere ser genio para tratar de entender de qué se trata.
Los tiempos electorales, adelantados por el huésped temporal de Palacio Nacional, son los propicios para recordarle a la ciudadanía cómo se las gastaban “los de antes” en eso de desviar recursos públicos hacia las campañas electorales de los candidatos del PRI.
Seguramente y así se entendería, las indagatorias iniciaron desde hace buen tiempo y se construyeron en total sigilo, como marca la norma, para concluirla en el momento que se requiere para “apoyar la transparencia del gobierno federal”.
Con estas acusaciones, el golpeado no es solo Rubén Moreira, cuyo (des)prestigio ha sido ganado a pulso desde su ingreso a la Cámara de Diputados en la que ha sido legislador durante dos periodos. Ya le tocó la reelección aunque ha llegado a San Lázaro vía plurinominal.
El misil lanzado desde la Fiscalía General de la República, autónoma constitucionalmente, a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero, pega en la línea de flotación del expresidente Peña Nieto, a quien lo tienen en la mira y, si nadie lo ha tocado hasta ahora, el tiempo de la impunidad se le agota.
Quisieron embarrarlo –que no habría sido difícil- cuando Emilio Lozoya fue aprehendido en España. Desde su arribo a la Ciudad de México en 2021, se acogió a la figura de colaborador y todo apuntó a imputar a Luis Videgaray Caso y al propio Peña Nieto. Hasta ahora y con setenta y tantos testigos que han aparecido en las indagatorias contra el exdirector de Pemex no se conoce que lo haya embarrado lo suficiente como para librar alguna orden de aprehensión y solicitar la extradición al Reino de España.
Ahora, sin embargo, según la información divulgada la madrugada de este jueves, el expresidente habría ordenado la entrega de dos partidas presupuestales que sumaron 475 millones de pesos para ser utilizados en apoyos de candidatos del PRI a los gobiernos de diversas entidades del país.
¿Hasta dónde tendrá efecto que su nombre aparezca en la indagatoria y se le señale directamente por haber ordenado la entrega de dinero?
No se entiende de otra manera: son los tiempos electorales y hay que echar mano de toda la información que se tenga de los “de antes” para que el “pueblo sepa la verdad “.
Seis años y contando hasta que el imputado sea aprehendido y lo inviten a cantar en tono de DO.
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