Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Con la reformar al artículo 130 constitucional durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari y la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las iglesias fueron reconocidas y sus ministros obtuvieron voz y voto que les permite expresar sus preferencias electorales y, en caso dado si han renunciado a su ministerio 6 meses antes de una elección, también pueden ser votados.
Tienen libertades. Todas las iglesias. Incluso, alguna, como la Evangélica hasta con un partido político cuenta: el PES.
La ley es sumamente clara y si bien les concede libertades para hacer política en el momento de haber renunciado a sus funciones clericales, tienen prohibido realizar manifestaciones en pro o en contra de cualquier acto político. En los templos e iglesias deben realizarse los actos de culto y no en lugares públicos, salvo permiso de la autoridad correspondiente, en este caso, la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Eclesiásticos.
Por regla general, este espacio y otros que llevan la firma del autor, no se abordan temas de fe. Sí, por ejemplo, las posiciones de los jerarcas que representan a las iglesias. Es información y la hacen pública vía conferencia de presa o comunicados con papel membretado.
Cuando a la mesa de trabajo llegan los boletines, las versiones estenográficas y/o grabaciones en video o audio, se difunden los mensajes. Se trata de una postura de un sector que tiene derechos y obligaciones y, entre los primeros, está difundir sus puntos de vista respecto de temas específicos.
Lo han hecho, en la Católica por lo menos, para reclamar los asesinatos de los sacerdotes. Han exigido y con sobrada razón, castigo para los criminales. En el caso de los jesuitas arteramente ejecutados, Javier Campos Morales, Joaquín César Mora y un civil fueron ejecutados el 20 de junio al interior del templo de la comunidad de Cerocahui en el municipio de Urique, Chihuahua.
Durante semanas y meses después de los asesinatos, en las misas los sacerdotes hacían referencia al hecho y, con sobrada razón, reclamaron a las autoridades porque, según todas las versiones, los jesuitas solamente servían a su comunidad.
Otros mensajes para criticar, sí, criticar, acciones gubernamentales dentro del marco jurídico, tuvieron eco y difusión.
Se trató de defensa de su fe y ante ello, el presidente osó llamarlos “curitas”, adjetivo que no tuvo respuesta.
Sin embargo, este pasado domingo y en voz del obispo auxiliar la Diócesis Primada de México lanzó un mensaje dirigido a la ciudadanía para analizar qué quieren para su comunidad, colonia, estado, país para sus familias y sus hijos.
Sin mencionar los libros de texto gratuitos, el clérigo –segundo al mando en la Diócesis- llamó a la ciudadanía a ser “valiente” n levantar la voz.
Sin duda, al buen entendedor, pocas palabras.
Es un llamado electoral. Es una crítica a los textos estudiantiles. Es una intromisión de la Iglesia en asuntos políticos.
No hay constancia escrita, por lo menos difundida de manera oficial, pero el mensaje no ayuda en nada a que el gobierno modifique los textos escolares ni cambie su manera de actuar,
Las instancias para reclamar con todo el derecho que la otorga la Constitución, es la oposición. Son las organizaciones políticas y civiles, no religiosas, las que tienen la obligación de hacer los llamados para “cambiar al mal gobierno”.
Las Iglesias deben respetar la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para no ser reprendidas por un gobierno que tiene dos varas para medir al respeto a la Carta Magna. En estos tiempos de un gobierno que siente tener la “representación divina”, a nadie conviene un enfrentamiento abierto en este tema.
Mal mensaje. Por una simple razón: los feligreses pueden confundir lo que les dicen y actuar en consecuencia, lo que haría revivir una situación no deseable: el choque cristero.
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