El Departamento de Justicia acusó formalmente el martes a Donald Trump debido a sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus seguidores. Los cargos incluyen asociación delictuosa para defraudar al gobierno de Estados Unidos y manipulación de testigos.
La acusación es considerada como un golpe judicial significativo que puede frustrar su aspiración de regresar a la Casa Blanca en 2024, aunque lidere las encuestas.
La acción legal se basa en una exhaustiva investigación federal que analizó las acciones de Trump y sus aliados para socavar la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en su cargo a pesar de una clara derrota frente a Joe Biden.
Los Fiscales federales que han realizado el rastreo y compilación de pruebas, sostienen que Donald Trump estaba decidido a aferrarse al poder a través de conspiraciones que atacaban una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: el proceso nacional de recolectar, escrutar y certificar los resultados de la elección presidencial.
El exmandatario está programado para comparecer ante la jueza federal Tanya Chutkan mañana jueves. Este caso penal surge mientras Trump lidera la contienda interna del Partido Republicano por la nominación presidencial. Sin embargo, a pesar de posibles intentos de minimizar la acusación como un mero proceso político, este representa una de las amenazas más graves a la democracia estadounidense en la historia moderna.
