Argentina propuso a la justicia de EEUU el pago de 4.920 millones de dólares por la expropiación de la petrolera estatal YPF en un juicio impulsado por dos fondos buitre, Burford y Eton Park, que determinará qué monto debe pagar el país suramericano.
«Argentina ‘admitió’ que los daños son USD 4.900 M», informó en las redes sociales el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta el país suramericano en EEUU.
En representación del Estado argentino, el estudio jurídico Sullivan & Cromwell presentó esa oferta económica en la víspera, durante la primera de las tres audiencias que se celebrarán para determinar la cantidad que debe pagar el país suramericano. Burford Capital, por su parte, reclama 16.100 millones de dólares como resarcimiento.
El Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, que conduce la jueza Lorena Presker, decidirá la indemnización que debe pagar el Estado argentino en función de la fecha de expropiación que tome en cuenta.
Los fondos buitre solicitan que se tome como referencia la fecha de expropiación de YPF, que fue el 16 de abril del 2012, cuando el Boletín Oficial oficializó la intervención de la petrolera.
El Estado argentino sostiene que en realidad la expropiación se produjo el 7 de mayo de ese año, cuando el Boletín Oficial reflejó la Ley de Expropiación aprobada en el Congreso que dio paso a la reestatización.
Por la demora en actualizar la indemnización, Burford Capital también reclama que se imponga una tasa de interés adicional de entre el 6% y 8%, mientras que la nación suramericana pide que se eliminen los intereses o que se determine una tasa según la legislación argentina, y que sería de 3,04% como máximo.
Tras ocho años de litigios, Presker habilitó este juicio luego de dar lugar a la demanda de los fondos buitre que reclamaban que el Estado argentino tenía que haber lanzado una oferta de adquisición por todo el capital accionario de YPF, y no solo por el 51%, de acuerdo a los estatutos de la compañía.
El 31 de marzo, la magistrada responsabilizó al Estado argentino por la reestatización de YPF, aunque eximió de responsabilidad a la petrolera estatal.
El Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25% de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Pero con la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49% de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF. Sputnik
