La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sesionó por última vez este jueves antes de irse de vacaciones y permanecer cerrada por las próximas dos semanas. Será a partir del 1 de agosto cuando se comenzará a dar salida a los temas que mantiene pendientes, entre ellos un amparo en materia de derechos humanos promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las controversias constitucionales de la oposición contra las reformas del llamado “viernes negro”.
En la sesión del pasado jueves, el Pleno de la SCJN atendió de manera prioritaria un recurso promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Senado por no hacer los nombramientos de sus tres comisionados faltantes.
Los comisionados determinaron que el Senado sí fue omiso al no acatar sus obligaciones, sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo sobre las acciones a tomar para destrabar el asunto y permitir que el INAI sesione de nueva cuenta, por lo que este tema será el primero que atenderán los ministros en cuanto regresen del período vacacional.
Después, tanto el Pleno como las Salas tienen asuntos en fila, uno de ellos es el amparo en revisión 3512/2020 bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, en el que se resolverá si la Sedena debe o no indemnizar a las personas y sus familiares por violaciones graves de derechos humanos.
El caso se ha listado en la Primera Sala desde mediados de junio, pero a solicitud de algunos ministros ha sido retirado en más de una ocasión, pues requirieron más tiempo para analizarlo.
La Sedena promovió este amparo para revocar una sentencia dictada en 2018 por el Primer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cual le ordenó pagar una indemnización a los familiares de Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, una pareja que fue ejecutada de forma extrajudicial el 3 de marzo de 2010, en Nuevo León.
La ejecución extrajudicial de la pareja ocurrió cuando salieron de su trabajo para ir a comer, sin embargo, al salir se vieron en medio de un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y presuntos integrantes del crimen organizado, lo que llevó a que optaran por refugiarse en su vehículo, aunque aun así Juan resultó herido.
Una vez concluyó la balacera, Rocío recurrió a la ayuda de un militar que se encontraba en las inmediaciones, pero en su lugar el elemento los ejecutó. Cinco años después del hecho, en 2015, fue condenado a 18 años de prisión.
La sentencia llevó a las familias de los jóvenes de 29 años a solicitar una reparación del daño a la Sedena, la cual se negó debido a que ya habían pasado seis y no dos años para ello, como lo marca la Ley. El caso llegó a los tribunales, quienes dieron la razón a los deudos.
La Defensa Nacional, no obstante, se inconformó con la decisión ya que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial estas medidas deben de ser dictadas a más tardar dos años del hecho.
