«La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está rezagada en la autorización ambiental de más de mil 500 proyectos de infraestructura en todo el país.
Entre septiembre de 2022 y febrero de este año, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la dependencia recibió cuatro mil 178 proyectos para la aprobación de sus respectivas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura.
De ese cúmulo de proyectos, la Semarnat, a cargo de Luisa María Albores, ha resuelto 63 por ciento, de acuerdo con un análisis al que tuvo acceso El Sol de México. En ese sentido, hay al menos mil 545 obras de infraestructura inscritas en el lapso referido que carecen aún de una aprobación de MIA.
La MIA es un trámite cuyo propósito es el de identificar y prevenir los potenciales daños ambientales de un proyecto de infraestructura o una actividad industrial. Por medio de ella, la Semarnat emite medidas para mitigar o compensar estos deterioros en caso de ser necesario.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente indica que la resolución sobre el impacto ambiental de una obra debe ser otorgada en un periodo no mayor a 60 días hábiles. En ese sentido, el documento señala que los retrasos en las respuestas de la Semarnat a los promoventes de proyectos para la emisión de sus resoluciones alcanzan en algunos casos alrededor de 200 días.
Pero la situación es muy distinta si se habla de un proyecto de la iniciativa privada o de los gobiernos federal y estatales.
Mientras que las solicitudes de gobiernos locales y, sobre todo, de la administración federal tienen niveles de resolución de 81 y 72 por ciento, respectivamente, sólo seis de cada 10 solicitudes provenientes de la iniciativa privada llegan a tener una resolución.
El tiempo que toma la Semarnat para dar una respuesta también varía. Mientras que para los proyectos de empresas privadas una resolución puede demorar entre 611 y 753 días después de su promoción, en promedio, obras emblemáticas del gobierno como el Tren Maya, la Tren Interurbano o parques y plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtienen respuestas positivas en periodos de entre 36 y 55 días.
De igual modo, la relación de Informes Preventivos, que es un trámite para obtener la autorización de obras o actividades sin necesidad de presentar una MIA, tiene mayor carga para la iniciativa privada, con 81 por ciento de los requerimientos para estas gestiones, mientras que solo 12 por ciento se solicitan a dependencias del gobierno federal y siete por ciento a gobiernos municipales.
Esta situación tiene impacto sobre la operación de distintas industrias, como la minera, que acusa de verse inhabilitada para invertir y desarrollar nuevos proyectos ante el retraso en los resolutivos de su MIAs en proyectos como la construcción de parques eólicos.
En septiembre de 2021, la Cámara Minera de México (Camimex) reportó que con el retraso de 18 permisos se ponía en riesgo una inversión de dos mil 800 millones de dólares en el país.
