La Ley General de Mecanismos de Solución de Controversias permitirá resolver conflictos en materia civil y familiar, de forma expedita y pacífica a través de acuerdos entre lo actores involucrados, comentó la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero.
Durante una reunión de trabajo con autoridades responsables de los Institutos y Centros de Justicia Alternativa del país, precisó que esa legislación es una de las primeras que debe aprobarse en el próximo período de sesiones, que inicia en septiembre, ya que se trata de una reforma de gran trascendencia, que devuelve a la sociedad el derecho de resolver por si misma los conflictos, sin tener que llegar a los tribunales.
La senadora de Morena detalló que ese mecanismo que privilegia la voluntad, la cooperación y el diálogo, entre actores en conflicto, permite además “ despresurizar el sistema de procuración e impartición de justicia, abonando al fomento de una cultura de la paz”.
La ministra en retiro hizo notar que en el Artículo 17 Constitucional se reconocen los mecanismos alternativos como un derecho humano y por ello en diversas entidades se han ido incorporado y se avanzó en el el orden local, pero no en el federal.
La intención, por ello, es avanzar en la nueva legislación, que se ha venido discutiendo durante los últimos meses en a a Comisión de Justicia, a fin de “lograr un producto suficientemente consensado, equilibrado y armonizado, que beneficiará a todo el país”.
Al igual, recalcó, que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiaresv se construyó no sólo con la participación de todas las fuerzas políticas, sino con la opinión de jueces y magistrados.
Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera, dijo que se demoraron en construir esta ley, pero los trabajos se intensificaron durante el último año, por lo que confío en que se apruebe en septiembre el nuevo ordenamiento y se haga pronta la justicia.
En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, comentó que la regulación de mecanismos no oficiales para resolver controversias debe implicar un ordenamiento jurídico sencillo y transparente, a fin de contribuir a una impartición de justicia pronta y expedita.
En la ley resaltó, se debe garantizar que los centros encargados de esos mecanismos sean órganos que formen parte de los poderes judiciales federales y locales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, comentó que la participación de magistrados y jueces en la elaboración del dictamen, le dará fortaleza a la legislación, porque serán los operadores de la ley.
