*Caravanas de Familias Huyen de los Lugares y no Reciben Ayuda Oficial Alguna
*El año Pasado se Desactivaron 250 Minas de Fabricación Artesanal
*¿La Tierra Caliente con sus 37 Municipios Está en Ebullición Armada?
*El Fracaso se Concentra en las Estructuras de Seguridad y Policiales
*Y el Hilo se Está Reventando por lo más Delgado: los Pobladores de Muchos Municipios
*Nadie Ayuda a los Desplazados, Sólo la Iglesia les Tiende la Mano
NIDIA MARÍN
¿Hay guerra y no se ha informado a la población? ¡Eso es criminal!
Hay minas colocadas y no se ha advertido a los pobladores. ¡Eso es peor!
Hay caravanas de familias huyendo y al gobierno no le importa. ¡Ello es muy triste!
No es una guerra declarada pero el rompimiento de hostilidades es nítido: Militares contra uno de los carteles del narcotráfico. Sí, en un país con aproximadamente 150 grupos criminales activos (Base de Datos Bacrim 2020).
¿Cuáles? El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) considerado por dicha información “el grupo con mayor presencia criminal (en 23 estados), seguido por el Cártel de Sinaloa (14 estados) y la Nueva Familia Michoacana (8 estados)”.
¿Cuántos territorios minados habrá en la República Mexicana, con el riesgo que ello implica para el ciudadano común?
La ausencia de la verdad de parte del gobierno, sobre lo que está sucediendo en México en varias comunidades apartadas de los centros de poder -cuyos ciudadanos están huyendo o son despojados de sus pertenencias-, se exhibió en Michoacán con la explosión de una mina sembrada en un camino de terracería de la comunidad de “Los Llanos” en la zona de Apatzingán.
La explosión del artefacto dejó como saldo cuatro militares heridos. De ahí las preguntas. ¿Los mexicanos ya no tenemos derecho a estar informados sobre esos graves riesgos? ¿Por qué la maldad de no decir la verdad?
Seguramente puede más la idea de que al actual mandamás no le encuentren parecido con Felipe Calderón Hinojosa (quien sí declaró la guerra y… ¡falló!), aunque eso se traduzca en riesgos para los mexicanos. En esta ocasión los propios militares fueron los lesionados.
En la información publicada por El Sol de Morelia se asegura que el año pasado se desactivaron 250 minas de fabricación artesanal en la región de Aguililla, lo que significa (decimos nosotros) que la zona de combate se ubica en el estado de Michoacán y no se ha lanzado advertencia alguna para los ciudadanos de la Tierra Caliente, que en esta entidad abarca 15 municipios: Apatzingán, Carácuaro, Huetamo, Madero, Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro, Turicato, Churumuco, Gabriel Zamora, La Huacana, Nueva Italia, Parácuaro, Tepalcatepec, Tiquicheo de Nicolás Romero y Aguililla.
¿También están combatiendo en Guerrero y en el Estado de México?
Lo preguntamos porque, como se sabe, la Tierra Caliente abarca las tres entidades de nuestro país, donde se calcula habitan poco más de un millón de personas distribuidos en 37 municipios.
En Guerrero suman 9, Zirándaro, Coyuca de Catalá, Cutzamala de Pinzón, Ajuchitlán del Progreso, Pungarabato, Tlalchapa, Arcelia y San Miguel Totoloapan. Y en el EdoMex son 6: Amatepec, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos.
CORREN RÍOS
DE SANGRE
A principios del actual mes de junio en “El Llano Grande” cerca de Apatzingán fue encontrado el cuerpo de un hombre, esposado y al parecer ejecutado. Los enfrentamientos cada día son mayores y abarcan mucho terreno.
¿Por qué nadie da a conocer, por ejemplo, que Apatzingán está que arde con los enfrentamientos entre integrantes del Ejército Mexicano y los narcotraficantes, seguramente los enemigos de los antiguos carteles, contra los cuales se está desarrollando la guerra escondida?
De acuerdo con la información de El Sol de Morelia, los más recientes enfrentamientos han sido en la zona de “Las Bateas” perteneciente a Apatzingán.
En la actualidad, -ha resultado inevitable saberlo- en aquella zona se están utilizando armas propias de la guerra, además de las minas, como son: misiles tierra aire, drones, cohetes teledirigidos, camiones “monstruo”, armas de grueso calibre, como las M-50, granadas, ametralladoras, rifles francotiradores, escopetas, fusiles Barret, AR15, de asalto AK47 y demás.
La Cruz Roja Internacional ha señalado desde hace tiempo en relación a los conflictos internos en las naciones:
“A medida que en muchos países se han ido socavando las estructuras del Estado, esos grupos han sentido la necesidad de protegerse a sí mismos contra amenazas reales o imaginadas tanto de otros grupos como de las autoridades centrales o de unos y otras”.
¿Eso está ocurriendo en nuestro país? No lo sabemos, porque no hay información oficial al respecto y cuando se habla del asunto desde Palacio Nacional, simplemente se miente.
Extraoficialmente, se sabe lo que hace años dijera la Cruz Roja:
“En situaciones en las que no se entiende, o se ignora deliberadamente, la noción de respeto de la población civil y de las personas vulnerables, a menudo se hace caso omiso ostensiblemente del derecho de acceso del personal humanitario a las personas que necesitan asistencia”.
En la actualidad en nuestro país, fundamentalmente en la Tierra Caliente, el pan de cada día son los desplazamientos forzados debidos tanto a las amenazas de parte de los narcotraficantes como a las batallas que se están llevando a cabo en varios lugares.
Hay investigadores que en este siglo XXI han señalado (Benítez Manaut 2009 “La crisis de seguridad en México”) que México “…es un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir al narcotráfico”.
Ejemplo claro es la zona de Tierra Caliente en las tres entidades. Si bien, no todos los 28 municipios sufren la tácita guerra en marcha, ciertamente son más de 80,000 los desplazados no solamente de Michoacán, sino de Guerrero y en parte del Estado de México.
LOS HISTÓRICOS Y
LOS DE NUEVO CUÑO
La pulverización de cárteles ocurrida en la República y la ausencia de una política de seguridad congruente en esa materia se han traducido en lo que se está viviendo en varios estados de la República. Sin mencionar a Chiapas porque esa es otra historia, en el occidente del país es donde en este año se han registrado los enfrentamientos entre los narcotraficantes y el ejército, así como entre diversos carteles de narcos.
Sí, por ejemplo, en las tres entidades que integran la Tierra Caliente, operan los denominados Carteles Unidos, es decir Cártel de Tepalcatepec, Caballeros Templarios, Blancos de Troya, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana (la mayoría tradicionales) contra el Cartel Jalisco Nueva Generación, mismo que actualmente es el de mayor presencia en el país.
Analistas, como Francisco Sánchez Espinoza y Claudia Juárez Jaimes consideran que “…la seguridad pública se relaciona con la función gubernamental, con el control de la sociedad dentro del Estado. Engloba la defensa de las instituciones y el mantenimiento de la tranquilidad de la población; la defensa del derecho individual; la protección de las personas y sus bienes, así como el deber de perseguir y detener a los responsables de delitos”.
Y en ese tenor están actuando las fuerzas militares, porque el sistema de seguridad de los civiles quedó desmantelado en el actual gobierno, de tal manera que en esa materia se desconoce lo que se tiene previsto a largo plazo, si lo hay, o si prevalecerá en el próximo sexenio la misma política a favor de ciertos carteles: “de abrazos no balazos”, los cuales financiaron una buena parte de las campañas de tiempos pasados.
Los analistas Francisco y Claudia (Política de seguridad en México: combate al narcotráfico. Entre la seguridad nacional y la seguridad pública Scielo-2019) precisan:
“Hoy en día, el narcotráfico es visto como una amenaza a la seguridad nacional y pública en el país. El desarrollo histórico de la política de seguridad en México y la relación con los Estados Unidos en su combate al narcotráfico dan cuenta de ello, al tomar el narcotráfico como tema prioritario en sus agendas. En el discurso y en los hechos, no basta con sólo emplear a los órdenes de gobierno encargados de la seguridad pública para hacer frente a este problema. También se han incorporado las Fuerzas Armadas en la lucha por garantizar la seguridad nacional, debido a que el narcotráfico es considerado como un fenómeno que atenta contra el orden público y el mismo Estado”.
AUMENTAN LOS
DESPLAZADOS
La ausencia de políticas coherentes en materia de seguridad se ha traducido en que el hilo se esté reventando por lo más delgado. Sí, el severo desplazamiento (sobre todo interno) de miles y miles de mexicanos. Esta problemática se ha disparado y no se ha hecho absolutamente nada por estos seres humanos.
De acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (instrumento internacional promovido por la ONU), estos son “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado ninguna frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Como aseguró Guillermo Fernández Maldonado en su conferencia magistral (Oaxaca 2023) “El Desplazamiento Forzado en México”:
“Las personas desplazadas internamente conservan sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, entre otros, el derecho a recibir asistencia humanitaria básica (alimentos, medicinas, albergue), el derecho a ser protegidas de la violencia física, el derecho a la educación, a la libertad de circulación y de escoger su residencia, y los derechos políticos, tales como el de participar en los asuntos públicos y en las actividades económicas (Principios 10 – 23).
“También tienen derecho a recibir asistencia de las autoridades competentes a fin de realizar un regreso voluntario, digno y seguro, así como un reasentamiento o integración local, incluso a recibir ayuda para recuperar las propiedades y posesiones que hayan tenido que abandonar. Cuando la restitución no sea posible, los Principios Rectores estipulan que las autoridades competentes les concederán una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa”.
Sin embargo, en el actual gobierno nadie está haciendo algo al respecto. Es más bien la Iglesia Católica la que está permitiéndoles acampar en sus alrededores.
¿Cuánto tiempo prevalecerá esta situación tanto los tres estados de la Tierra Caliente, como en diversas entidades de la República?
Se desconoce, mientras hay indicios que el porvenir será peor. ¡Ufff!
