La Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC), junto con 85 organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a evitar desechar las 35 normas oficiales federales en salud, “dado que podría tener consecuencias devastadoras para las personas y la sociedad en general”.
Al hacer un pronunciamiento organizaciones como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), la Federación de Educadores en Diabetes de México, la Casa para la Amistad para niños con cáncer, AHF México, Fundar y Cero Desabastto, entre otras, demandaron a las secretarías de Economía y Salud, al Comité Consultivo de Normalización de Salud Pública, a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 12 acciones para suspender la cancelación de las normas.
El pasado 1 de junio, la Secretaría de Economía publicó el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 en el que se propuso cancelar 35 normas que establecen criterios para prevenir, diagnosticar y atender padecimientos como el cáncer de mama, cérvico uterino, la obesidad y el sobrepeso, enfermedades de transmisión sexual y hasta el apoyo a la lactancia materna.
El documento difundido por las organizaciones plantea suspender el proceso de cancelación de las NOM hasta no entablar conversaciones con grupos de pacientes y evaluar el impacto real en la calidad y atención integral de las personas que viven con sobrepeso y obesidad, dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata, entre otros.
Indicaron que la eliminación de las NOM no abona a mejorar la pertinencia de los montos que se asignan al sector salud. Se destina 2.8 por ciento del PIB al sector, pero la recomendación internacional es de al menos 6 por ciento del PIB y se han observado recortes al presupuesto aprobado.
Informaron que los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) destinados a cubrir enfermedades catastróficas fueron de sólo 2.8 mil millones de pesos en 2021 (71 por ciento menos que el promedio del sexenio pasado).
Pidieron explicar con claridad y transparencia la justificación para iniciar el proceso de cancelación de acuerdo con lo que indica el artículo 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y cómo esta decisión beneficiaría la atención integral de las personas que viven esos padecimientos.
Demandaron clarificar el proceso, así como transparentar el sentido de los votos y argumentos sobre la cancelación de todos los miembros del Comité.
“Crear grupos de trabajo por área terapéutica impactada, según el Artículo 15 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, donde organizaciones de pacientes con experiencia en los temas a tratar, asociaciones médicas, expertos y centros de estudios sean convocados con la finalidad de intercambiar información e iniciar el proceso de actualización”.
Para ello la convocatoria tendría que ser pública y ampliamente difundida con la finalidad de que los interesados presenten su solicitud por escrito.
