- En 2023 y 2024, un desafío es hacer valer el principio de imparcialidad, es decir, la abstención de utilizar recursos públicos y programas sociales con el fin de coaccionar el voto de la ciudadanía: magistrada Janine Otálora Malassis.
Durante el segundo día de actividades de la “Reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción 2023”, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, afirmó que uno de los retos a los que la judicatura electoral va a estar sometida particularmente en 2023 y 2024, es lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales que ellos mismos han establecido, lo cual llama a la no realización de actos anticipados de precampaña y de campaña. El respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático, puntualizó.
Ante la presencia de autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales, la magistrada Janine Otálora consideró que otro desafío es hacer valer el principio de imparcialidad de la totalidad del funcionariado público, local, estatal y federal, es decir, la abstención de utilizar recursos públicos y programas sociales con el fin de coaccionar el voto de la ciudadanía.
Al señalar que toda democracia requiere demócratas, es decir, actores políticos que reconozcan a las instituciones electorales, señaló que otro reto es detectar y frenar mecanismos paralelos e ilegales en el financiamiento de las campañas públicas, es decir, se tiene también la obligación de promover una democracia de calidad que sea paritaria e inclusiva.
Otro aspecto que se contempla durante este 2023 y en 2024, expuso la magistrada de la Sala Superior, es una opinión pública cada vez más polarizada políticamente, lo que representa un desafío, porque la tentación de desconocer a la autoridad electoral por parte de las y los actores políticos es grande.
Dijo que las autoridades electorales tienen el reto de velar por la integridad en los comicios. Subrayó que en México se cuenta con un sistema que funciona y que puede ser perfectible, pero, sobre todo, que emana de la Constitución Política y de las leyes generales y locales. Es responsabilidad como autoridades electorales velar y garantizar que este sistema vigente se respete por todas y por todos, indicó.
Destacó que en democracia no pueden coexistir un grupo que se rige por sus propias leyes y el resto de la sociedad que se rige por las leyes emanadas del poder soberano, que es el Poder Legislativo, por ello, es obligación de las autoridades electorales aplicar la ley vigente por igual a todas y todos los actores políticos, enfatizó.
En este espacio, la magistrada Janine Otálora Malassis condenó enérgicamente el arresto de la jueza Angélica Sánchez Hernández al señalar que no se debe permitir el atropello de los derechos humanos ni de la independencia y la autonomía judiciales; todas y todos tenemos derecho a un juicio justo y transparente en nombre de la Judicatura Electoral, afirmó.
En una participación previa, en el marco de esta misma reunión, aseguró que los servicios de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF se han ampliado, a fin de lograr que cada vez más se haga realidad el derecho de acceso a la justicia para todos los grupos y colectivos discriminados, conforme a los estándares internacionales establecidos en los tratados y convenciones firmados por México, y de esa forma seguir construyendo una democracia incluyente.
Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral, Marina Martha López Santiago, señaló que a través de este órgano se contribuye para que las poblaciones históricamente discriminadas o en situación de vulnerabilidad o desventaja cuenten con condiciones que propicien la igualdad en el ejercicio de sus derechos a la justicia en materia electoral.
En su oportunidad, el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, Sergio Arturo Guerrero Olvera, consideró que una justicia que no tenga su propia Defensoría no puede considerarse una justicia de calidad. Agregó que la existencia de las defensorías públicas gratuitas al servicio de las personas en condiciones de desventaja es un derecho fundamental.
Finalmente, la magistrada Janine Otálora Malassis, clausuró las actividades de la “Reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción 2023”, evento en el que también participaron el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera; así como la magistrada y el magistrado en funciones de dicha Sala, Gabriela del Valle Pérez y Omar Delgado Chávez.
