- Participa magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera en panel para analizar sentencia sobre el uso de marcas y personajes en campañas electorales.Es necesario que todas las autoridades electorales vigilen que agentes económicos no intervengan en las elecciones, como una garantía de la equidad, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, durante su participación en el panel “La propiedad intelectual y las campañas electorales. Análisis de la sentencia SUP-REC-887/2018”. En el evento, organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), el magistrado Fuentes Barrera explicó que el SUP-REC-887/2018 se relaciona con una queja en materia de fiscalización por el uso indebido de marcas y personajes; particularmente, por la omisión en el informe de precampaña, de gastos derivados del pago de derechos de este tipo de productos en propaganda electoral. Frente a autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, así como de especialistas en propiedad intelectual, funcionarias y funcionarios del gobierno estatal y líderes de la sociedad civil, el magistrado Felipe Fuentes detalló que la vigilancia que se haga en materia de fiscalización debe ser cautelosa para no incidir de manera injustificada en las libertades individuales de la ciudadanía, se debe descentralizar este tema, añadió. Por su parte, el gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, estimó que, de cara al proceso electoral de 2024 los órganos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos, jugarán un papel muy importante para garantizar contiendas en las que gane el mejor, se eviten las trampas y se respeten las sentencias. En su intervención, el fiscal Especializado en Delitos Electorales de Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, destacó el compromiso de este organismo a su cargo de continuar protegiendo la función electoral para que el voto continúe siendo libre y secreto, además de generar equidad en la contienda, paz social y estabilidad política en la entidad. Señaló que este primer evento, organizado con miras al proceso electoral 2023-2024, permitirá a todos los que participen a estar atentos al correcto desarrollo de este, en el marco de la protección de la propiedad intelectual.
En tanto, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), José Alejandro Luna Fandiño, indicó que los retos que enfrenta esta asociación siempre son cambiantes, dinámicos y deben de transformarse a la velocidad de la carrera tecnológica, pero también a la par de los movimientos sociales, culturales e incluso políticos. Señaló que una de las principales tareas que tiene, es incluir dentro de su agenda temas novedosos, de interés general para el gremio, el público en general y las autoridades.
Al hacer uso de la voz, Miguel Ángel Margáin González, expresidente de la AMPPI, señaló la importancia de la sentencia SUP-REC-887/2018, la cual calificó como innovadora porque dio los primeros criterios para el uso de marcas en campañas electorales, por lo que, afirmó, esta sentencia es un tratado de marcas y mercadotecnias. En su oportunidad, el consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, Alfonso Roiz Elizondo, afirmó que las contiendas electorales solo serán justas en la medida en que exista un piso parejo entre todos los participantes. Finalmente, Claudia Patricia de la Garza Ramos, magistrada del Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León, señaló que los criterios contenidos en las sentencias de la Sala Superior siempre son un referente para las autoridades jurisdiccionales locales y los actores políticos. Sostuvo que deben estar preparados para recibir todo tipo de contenidos generados por los perfiles incluyentes en las candidaturas y dirigidos a todos los perfiles ciudadanos; reiteró que el compromiso de este órgano electoral jurisdiccional, es proteger, conforme a la normativa electoral, los derechos humanos de libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad bajo los principios de progresividad y mejor beneficio de las personas.
