En una declaración que lleva veneno y despierta inseguridad jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende ejecutar un “golpe de Estado técnico” al detener las obras prioritarias de su administración y neutralizar las acciones del Poder Ejecutivo, cuando la acción del Poder Judicial lo obliga a transparentar gastos que oculta con el decreto que sustituyó el acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021.
Al asegurar que las obras de infraestructura, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, no se detendrán pues benefician al pueblo, el mandatario federal repitió que los ministros de la Corte violan la Constitución al cobrar más que él, como si las decisiones jurídicas las tomaran por mantener elevados salarios.
“No, tampoco, y van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se van a poder cancelar las obras, no se puede”, afirmó.
(Aunque la razón le asiste legalmente, quien violenta la Constitución es el presidente al impedir que la información de las obras sea conocida por el pueblo).
“O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando cobrando más que lo que cobra el presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea, que ya no ejecutemos nada, es cancelar a un Poder, sería un golpe de Estado técnico”, alertó.
La semana pasada, la SCJN invalidó el decreto de López Obrador por el que pretendía clasificar como de interés público y seguridad nacional los proyectos de su administración y detallaron que esta resolución surtirá efectos sobre las secretarías que son parte del Poder Ejecutivo.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estuvo a cargo del proyecto, señaló que el acuerdo presidencial es inconstitucional porque su amplitud y ambigüedad obstaculiza e inhibe el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras del país.
En respuesta, el presidente de la República publicó un nuevo decreto en el que clasifica las obras del Tren Maya y del corredor Transístmico como de seguridad nacional.
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