Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Haber soltado que propondría una consulta popular para que el pueblo -nunca dice ciudadanos- decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben o no ser electos por el voto secreto, directo y universal, levantó una andanada de críticas provenientes de juristas, constitucionalistas y periodistas, además de políticos de la oposición y en secreto, de los propios diputados y senadores de Morena.
Ante esto, ahora propone parlamento abierto para discutir el tema.
El tiempo no le ayuda.
Y como tiene más interés en ser el candidato al gobierno de Puebla, ganándole en la carrera a su primo, Alejandro Armenta, quien según versiones oficiosas tiene “enorme aceptación entre los poblanos y encabeza las encuestas”, Ignacio Mier Velazco, desde la “popularidad” de obedecer las órdenes de Palacio Nacional, presiona a los diputados para que aprueben leyes sin leer las iniciativas y ello redunda en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales que, hasta ahora, han tenido éxito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ha anulado.
Ahora, como ya agotó sus temas de politiquería y recorre el estado de Puebla, en donde los “invitan a muchos municipios y otras tantas reuniones con los sectores productivos y sociales”, se le ocurrió, porque es una puntada, que la consulta popular, la herramienta de los ciudadanos, se utilice para saber si deben ser elegidos los ministros. Junto con su rala opinión, apareció la de la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, quien sostiene que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no representan al pueblo, y, por lo tanto, su opinión de echar atrás el Plan B de la Reforma Electoral, se debe anular.
“Estamos ante una crisis de validación de lo que es la opinión de las personas ante un fallo de la Suprema Corte por un asunto de procedimiento en la Cámara de Diputados, cuando somos los representantes de la gente, del pueblo; y que eso entonces lo pueda invalidar a la Suprema Corte cuando ellos no representan al pueblo en su conjunto”.
Ignorancia o mala fe. Ambos personajes, 99 por ciento “leales” al huésped temporal de Palacio Nacional omiten que la Corte es Suprema y su primigenia responsabilidad es garantizar la CONSTITUCIONALIDAD de las leyes. No son decisiones dirigidas a los legisladores. Son para, en efecto, el PUEBLO a fin de que no se vulneren sus derechos políticos, sociales y humanos.
Si bien es cierto que ambas declaraciones, las de Mier y Alavez son parte de la estrategia presidencial para defenestrar a los integrantes de la Corte, bueno, solamente a 9 porque dos son 99 por ciento leales, y llevar al imaginario colectivo la idea de que para tomar decisiones jurídicas se requiere elegir a los ministros (tras) no importante si son abogadas o no; si plagiaron sus tesis o no; si saben leer y escribir o no.
¡Qué el pueblo elija!
Como se informó en este espacio hace unos días, la propuesta, puntada pues, de Mier no tiene viabilidad y, sin embargo, se aferra a su “ideota” para seguir arrojando leña y gasolina al fuego.
No han entendido los legisladores morenistas y adláteres que la Corte actúa con apego a la Constitución no obedeciendo órdenes del jefe del ejecutivo federal.
Es un Tribunal Supremo y, por tanto, es un PODER independiente y forma parte del Estado, no del Gobierno.
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