El estado de Veracruz tiene contabilizado el mayor número de fosas clandestinas del país, con un registro de 647, informó Alan García Campos, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Reveló que la entidad destaca a nivel nacional con un conteo de más de 7 mil 400 personas desaparecidas, y que de cuatro casos que han llegado a la oficina de Desaparición Forzada de la ONU, uno de ellos ocurrió en Veracruz.
En su intervención en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana (FILU) habló de la obra La Desaparición Forzada En México: Una Mirada Desde Los Organismos Del Sistema De Naciones Unidas, al que consideró “un mapa de esperanza en la medida en que las autoridades se comprometan a cumplir con las recomendaciones que en él se hacen para atender los 112 mil casos de personas desaparecidas en el país”.
Resaltó que es importante que el país haga un esfuerzo por abatir la impunidad que rodea los casos de desaparición, “hasta ahora, 35 sentencias a nivel nacional por crímenes de esta magnitud, solo refleja el clima de impunidad casi absoluta que prevalece, y eso es grave porque la falta de acceso a la justicia es algo sistémico, que se traduce en un elemento favorecedor de la reproducción de la conducta”.
Alan García mencionó que a nivel nacional hay 52 mil personas que yacen en espacios públicos sin ser identificadas, por lo cual consideró que un segundo aspecto en el que deben enfocarse el país es en atender la crisis forense que enfrenta.
Un tercer rubro que mencionó en su ponencia es “la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, en donde se reconozca los distintos niveles de responsabilidad, y que se abandone el enfoque de militarización, adoptado desde 2006 y que en los últimos años ha profundizado y expandido a otros ámbitos de la vida pública”.
Durante la mesa Desaparición Forzada en México y Veracruz una mirada desde el sistema ONU 2022, junto a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matsumoto Benítez, y Nayelli Guarneros, quien busca a su esposo Sergio y su cuñada Liliana Rueda Daniel, desaparecidos en julio de 2019, destacó que dentro del libro se plantea la necesidad de que las autoridades trabajen de forma conjunta para facilitar los procesos de búsqueda, mejorar la investigación, impulsar la reparación y llevar a cabo acciones de memoria. Dijo que “un aspecto importante es reconocer el papel de las víctimas, atender sus necesidades, 2022 cierra como el año más letal para las madres buscadoras, y el mes de mayo de 2023 se inauguró con el asesinato de una madre buscadora en Guanajuato”.
Alan García dijo que es lamentable que “a cinco años de distancia no tengamos un registro nacional de datos forenses, no haya un registro nacional de fosas, no haya un programa nacional de exhumaciones ni un registro nacional de personas fallecidas no identificadas”.
