Alfredo Mejía Montoya
México, un país como el nuestro, no debe ser proclive ni utilizado para oscuros intereses de un solo hombre. Somos una República integrada mediante los Tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El pueblo bueno desea que sigamos así, ha funcionado ya más de un siglo, a su amparo se ha ido avanzando democráticamente.
Se han implementado figuras jurídicas autónomas y de gobierno directo, que han funcionado y otras que funcionan a la fecha, y han sido un contrapeso sobre el abuso de poder de algunos mandatarios y servidores públicos. Otras que se han creado y desaparecido, generando el fracaso en áreas estratégicas de política pública.
La actitud del presidente confirma lo que decenas de analistas e investigadores han escrito en sus artículos, dónde ahora ya no es una simple suposición, son verdaderas hipótesis normativas que pretende llevarlas a la Cámara baja del Congreso de la Unión, sin respetar el proceso legislativo, y como la bancada del partido oficialista tiene mayoría para votar leyes sin cambios que vulneren reglas constitucionales e incluir y llevarlas al derecho positivo mexicano para después pretender reformar la Constitución, como si en realidad le importara al Rey del Cash el estado de derecho.
La pretensión de modificar 23 leyes secundarias en materia administrativa. La iniciativa en su exposición de motivos, en su parte conducente del objetivo se plantea que “al actuar en representación de la sociedad, el Estado debe garantizar la prevalencia del interés general sobre el privado”. Esto es, López quiere que el Estado tenga todas las facultades y en su caso, dirigir los recursos y controlar los bienes de la gente privada, desapareciendo paulatinamente la propiedad privada, todo le debe pertenecer al Estado, como uno de sus objetivos más ambiciosos.
En la tendenciosa y mal llamada “reforma administrativa” López Obrador y el partido oficialista, le pretenden quitar a los inversionistas concesiones, tiempos de concesiones, aún a las autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de algunas leyes, violentando la norma constitucional de la irretroactividad, esas disposiciones conculcan los derechos de la iniciativa privada (IP).
A grandes rasgos los expertos eligieron algunas de las reformas administrativas más trascendentales y provocativas que atentarían contra el Estado de derecho, además de encarecer y poner en riesgo los proyectos de inversión privada, sugiriendo que es más importante el interés público:
> determinar el alcance del juicio de lesividad;
> implementar las causales por las cuales se ejercen los medios de control de la legalidad y constitucionalidad contra una resolución administrativa, bastando el argumento que el acto causa un perjuicio al Estado, o que con éste se lesiona el interés público;
> en la ley de adquisiciones del sector público y de obras públicas y servicios relacionados, se propone la obligatoriedad de incluir una cláusula de terminación anticipada por causa de interés público;
> en la ley general de bienes nacionales y expropiación se reforma para fijar límites a los montos de indemnización que debiera pagar el Estado por incumplir un contrato;
> se aprobó más poder y actividades para los militares;
> se restringen las áreas de oportunidad en licitaciones, como minería, petrolera, puertos, entre otras obras públicas;
> la ley minera no favorece a los trabajadores mineros;
> la obligatoriedad de autodeterminar el arbitraje como un procedimiento autónomo y con independencia de cualquier Estado;
> en la asignación de contratos, el Ejecutivo pueda asignar o adjudicar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos por causa de utilidad e interés público, general o de seguridad nacional;
> la reforma afecta al CONACYT;
> desaparecer el INAI
> que el Estado pueda adquirir bienes, incluidos medicamentos, en licitación pública internacional sin necesidad de agotar la licitación pública nacional;
> reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;
> reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
> reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
> reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
> reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
> reformas a la Ley de Expropiación;
> reformas a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;
> reformas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, y
> reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
> desaparición de la Financiera Rural
> > reformas a la secretaría de la función pública, cerrando los órganos internos de fiscalización.
Con estas propuestas y muchas más, se atenta contra el Estado de derecho, además de encarecer y poner en riesgo los proyectos de inversión privada.
Con ese contenido de reformas, adiciones, derogaciones se perderían oportunidades para atraer nuevas empresas y capitales surgidas con la estrategia de nearshoring, dado el tratado de libre comercio suscrito entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Asimismo, las reformas propuestas violentarían la Constitución, generando incertidumbre e inseguridad jurídica, atentando contra el Estado de derecho y encarecer los costos de proyectos por el alto riesgo para las unidades económicas.
Indudablemente tales reformas provocarán una tormenta de juicios de control de la constitucionalidad, ya que, al estar viciada de origen, la suspensión del acto reclamado está garantizado. Ya que no se siguió el debido proceso legislativo, no hubo el quorum suficiente que exige la ley, la agenda del día no puede cambiar a capricho de los legisladores, el autoritarismo que emana de esta “reforma administrativa” es grave, López obrador, quiere que él o el partido oficialista manejen todo, como en un estado totalitario y dictatorial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se toca, . . . es el contrapeso contra el abuso del poder y del autoritarismo.
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