Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Este día quedará demostrado de qué material democrático está hecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 8 de sus ministros -2 mujeres-, cuando se discuta el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que propone la anulación del decreto que puso en marcha dos leyes: la de reformas a las de General de Comunicación y General de Responsabilidades Administrativas, por clara violación a los artículos 71 y 72 Constitucionales por no haber respetado el proceso legislativo.
La sentencia apunta a declarar inconstitucionales las reformas a las dos leyes y será punta de lanza para que las 20 avaladas el 30 de abril por el Senado como “regalo al niño Andy”- corran la misma suerte.
A lo largo de los pasados 10 días, a partir de haberse conocido el proyecto del ministro Pérez Dayán, desde el púlpito presidencial se inició la campaña de defenestración no solamente en contra del ponente sino de todos los “conservadores” que frenan las leyes para apoderarse de recursos e impedir que los gobiernos estatales y municipales puedan promover, vía propaganda en medios privados, sus acciones en favor de sus gobernados.
Incluso, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, cuyo despacho se encuentra en la Secretaría de Gobernación, emitió dos comunicados en los que, primero, solicita se aborde la acción de inconstitucionalidad referente a la Ley General de Comunicación presentada en 2018 y más tarde cuestionó la “filtración” del proyecto buscando anularlo.
Ambas comunicaciones fueron desechadas y desde hoy comienza y probablemente termine, el análisis de la inconstitucionalidad de las reformas a ambas leyes.
La Corte ha sido sometida por el Ejecutivo federal desde hace cuatro años, cuando Arturo Zaldívar, entonces su presidente, mostró la “afinidad” con el inquilino de Palacio Nacional, de quien recibió elogios y hasta la propuesta, aprobada por el Congreso, para ampliar su mandato por dos años más a fin de terminar su gestión en 2024.
El argumento del señor López se sustentó en que solamente Zaldívar podría limpiar el Poder Judicial de la Federación con la herramienta aprobada por el Legislativo y que fue comparada con la de 1994 y calificada de “la más profunda en la historia judicial”.
Las protestas y críticas e incluso descalificaciones hacia Zaldívar subieron de tono no obstante el respaldo presidencial y finalmente, después de meses de “meditación”, rechazó la ampliación de su gestión.
Ya como ministro y con .la primera presidenta de la Corte en la persona de Norma Leticia Piña Hernández, ha mostrado su inclinación por todo lo que quiera el presidente. Junto con Yasmín Esquivel Mosa, la “reina de la copia” y Loretta Ortiz Half, esposa del responsable de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Ortiz Pinchetti, se ha sumado para intentar frenar las sentencias que no favorecen al tabasqueño.
Se espera, por supuesto, que la postura no varíe y se mantengan unidos los tres amigos para intentar echar abajo el proyecto de Pérez Dayán.
Las condiciones están dadas, en virtud de las violaciones constitucionales, para que la sentencia sea en favor de la legalidad y en contra de la imposición.
Sin embargo, nada está escrito y lo estará solamente hasta que los ministros (tras) se pronuncien mediante la emisión de su voto.
La confianza está depositada en quienes no se doblegaron -y se espera que no lo hagan de última hora- ante las presiones amenazas y descalificativos del príncipe de la autocracia. Quiere ser rey y omite que en México no se autorizan los títulos nobiliarios.
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