NIDIA MARÍN
La “manga ancha” en materia de recursos gubernamentales navega viento en popa en México, gracias a que el mandamás de la Silla del Águila y sus corifeos en las Cámaras de Diputados y de Senadores tienen en el filo de la navaja a las instituciones gubernamentales que aplicaban los instrumentos legales, que hasta cierto punto evitaban el abuso desde el gobierno en el manejo de los dineros de los mexicanos. Hoy las han dejado inservibles, aunque con argumentos para acudir a la SCJN.
Allá por el Zócalo van con rumbo al pasado. Por ejemplo, al inutilizar esas instituciones, ya no existirá más la “rendición de cuentas diagonal” que el propio gobierno definía como el momento en cual los ciudadanos recurrían a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones del Estado y, como parte del proceso, participaban en actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos. Pues adiós. Ya no podrán hacerlo, porque la institución encargada no tiene con quién, carecen de personal.
Y, como consecuencia, los planteamientos de los ciudadanos sobre la transparencia en diversas instituciones gubernamentales del actual sexenio continúan sin respuesta.
En tiempos idos, desde el gobierno se señalaba que en esto de rendir cuentas se involucra no solo a la sociedad sino a diversos organismos, ya que la fiscalización, por ejemplo, sanciona con los mecanismos correspondientes a los funcionarios ante el incumplimiento del deber público.
Dichos funcionarios podían (¿pueden?) ser sancionados cuando se realiza desvío de recursos públicos, algún encubrimiento, contratación indebida, tráfico de influencias, utilización indebida de información, abuso de funciones, entre otros.
Recordaban también la existencia hace 10 años de dos grupos de sanciones, dependiendo de la seriedad de la falta: para las no graves, amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión. También destitución de su empleo, cargo o comisión; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
Precisaban además que, la fiscalización consistía en revisar y comprobar que el dinero público otorgado a las dependencias y entidades del gobierno sea utilizado de forma correcta, eficiente, con honradez, además de cumplir con las leyes y regulaciones.
Como ejemplos de la rendición de cuentas mencionaban a varios países, como: Canadá, Chile y la India.
Hoy, guste o no en Palacio Nacional, rendir cuentas todavía es considerado un acto de obligatoriedad ante la Secretaría de la Función Pública para quienes ocupan cargos públicos, ya que se debe de informar sobre las decisiones que toman y a justificar públicamente los motivos de tal decisión en la que implica un ejercicio activo de la ciudadanía.
Sin embargo, para que se efectué realmente la rendición de cuentas debe existir vigilancia con la finalidad de que funcionarios públicos sean objeto de sanción en caso de que incumplan con sus deberes. La vigilancia está a punto de desaparecer si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no señala lo contrario.
Los estudiosos del asunto han hecho notar que los mecanismos de rendición de cuentas traen consigo beneficios y oportunidades de mejora en el quehacer público, además, traducirse en beneficios a la sociedad al estar informados para que puedan incidir en la mejora institucional y mejorar la calidad de vida y su entorno.
Hace tiempo la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideraba que algo fundamental para el gobierno de México era recobrar la confianza de los ciudadanos, porque ésta “…es un activo intangible esencial para el funcionamiento del servicio público, así como para la implementación de las reformas necesarias para un sistema sustentable a largo plazo”.
Hoy es más grave el asunto, pero como escribió en 2018 el doctor y profesor de Administración Pública de la UNAM, Ricardo Uvalle Berrones en su trabajo “La tensión entre la corrupción y la rendición de cuentas. Valoración del gobierno de tres entidades federativas en México”, (publicado por Scielo):
El Impacto de la corrupción “… es negativo porque origina actos y conductas anti públicas, en particular, cuando se visualizan en las áreas de gobierno la conducta negativa de los servidores públicos que defraudan a la sociedad, provocando daños mayores a los sectores productivos, utilizando para ello, recursos de la hacienda pública con fines de ventaja egoísta y personal, fomentando el engaño desde el poder, practicando la simulación y lesionando el interés público”.
Pues sí, pero en adelante aquellos que infringen esas normas, empezando por la cúpula, seguirán tan campantes.
