Un empresario del sector bienes y raíces, quien aceptó el criterio de oportunidad, involucró directamente en sus declaraciones a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, en la probable red de corrupción inmobiliaria planeada y ejecutada en esa demarcación.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM), presentó hace unos momentos la tercera entrega de grabaciones en las que dicho testigo protegido recordó que el actual titular de la demarcación lo citó en un edificio de la misma en diciembre de 2018.
La sede de la alcaldía sufrió daños derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017 y el funcionario durante la reunión le pidió al desarrollador inmobiliario su apoyo para remodelar el inmueble oficial, para lo cual tenía un presupuesto de 25.6 millones de pesos, pero sembró la posibilidad de un incremento, según avanzaran las obras.
El también coordinador de la FGJCM describió que la rehabilitación del edificio inició en febrero de 2019 y terminó en noviembre del mismo año, consistió en la reestructuración de las columnas y cimentación del inmueble, la demolición de los acabados, la renovación de redes eléctricas, así como el cambio de la cancelería y los vidrios de la fachada, la cual tenía daños.
En otra parte de la grabación, el testigo protegido dio a conocer que el pago por los trabajos lo hicieron en dos exhibiciones, una el 8 de febrero de 2019 y la otra en noviembre del mismo año.
“Estas empresas fuimos informados que nos pagarían por dichos trabajos que realizamos. Nosotros suponemos que esas empresas eran cercanas a la alcaldía, y que de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación, siendo que nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos, quedando un adeudo de 10 millones de pesos”, detalló el empresario.
“El alcalde Santiago”, añadió el denunciante, volvió a llamarlo telefónicamente en mayo de 2019 para avisarle que no le pagarían los 10 millones de pesos faltantes, “que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo” y le solicitó reenviar “al señor Aridjis” los materiales de soporte, por ejemplo, estimaciones, calendarios y programas de obra y avances, para que ellos, le explicó, facturaran y cobraran por los trabajos.
Comentó que el monto lo pagaron a tres empresas, pero a su compañía solamente le dieron 15 millones de pesos. “para eso exhibimos la documentación en una carpeta que contiene tanto el archivo fotográfico de la remodelación, como las facturas que nuestros proveedores nos cobraron por los 25 millones de pesos”, afirmó el testigo protegido.
El empresario, cuyo nombre fue reservado por la fiscalía, amplió con sus declaraciones la posible participación del exdiputado local Christian N, ahora sometido a juicio, en la adquisición de un departamento para el señor Antonio N, suegro del diputado federal Jorge N. La propiedad, se dijo la semana pasada, está en City Towers Park Grand.
El testimonio es que el exlegislador le pidió nuevamente su apoyo para comprar el apartamento en tres millones 997 mil pesos, pero su valor comercial es de seis millones 100 mil pesos.
