· Vigilar que se cumpla el derecho de representación de los grupos en situación de vulnerabilidad, de las mujeres a participar en condiciones de igualdad, así como la integridad electoral, entre otros, son parte de los retos para 2024: magistrada Janine Otálora Malassis.
La función de la justicia electoral es, además de hacer una sentencia emblemática que permita a las personas ejercer un derecho, emitir sentencias que cambien la vida de las personas a un mediano y largo plazo, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis.
Al participar en el segundo y último día de actividades de la “Reunión de trabajo para dar a conocer los servicios de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral a las personas integrantes de grupos históricamente discriminados”, la magistrada Janine Otálora resaltó que lo trascendental es no quedarse en lo emblemático, sino junto con las personas que acuden a la Defensoría, lograr que las sentencias pasen del nivel de ser emblemáticas a ser sentencias que marcan un antes y un después para toda la sociedad.
Tras dirigirse a activistas, representantes de pueblos y comunidades indígenas, activistas y juezas y jueces defensores, la magistrada de la Sala Superior destacó que la participación política, además de ser un derecho de ser votados, es un tema de derechos humanos que implica también ser una voz en las políticas públicas de México.
Durante su participación en la mesa de análisis “En miras al 2024, retos para que las poblaciones históricamente discriminados puedan votar”, la magistrada Otálora Malassis apuntó que parte de los desafíos a los que se enfrentarán tanto autoridades como ciudadanía son vigilar que se cumplan el derecho de votar y ser votadas, el derecho de representación de los grupos en situación de vulnerabilidad, de las minorías, el derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad, así como la integridad electoral, entre otros.
En su intervención, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, aseguró que el TEPJF y el INE trabajan para garantizar los derechos de las mexicanas y los mexicanos, al margen de los intereses de los partidos políticos.
En ese sentido, detalló que a pesar del contexto adverso que se vive en el país, dichas instituciones electorales seguirán haciendo realidad las garantías político-electorales de todas las personas. Tanto el Tribunal Electoral como el INE, añadió, son garantes de los derechos de la ciudadanía.
Por su parte, Álvaro Esteban Pop Ac, integrante del Comité Directivo de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas, señaló que uno de los fenómenos a los que se enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo cualquier proceso de reforma y transformación electoral democrática de los sistemas políticos, es la desigualdad.
Agregó que en los últimos años los pueblos indígenas han ido ganando terrero como votantes libres, como candidatos a puestos de elección popular, en espacios permanentes en congresos, y han avanzado en la conquista electoral, puntualizó.
En su mensaje, la titular de la Defensoría Pública Electora, Marina Martha López Santiago, instó a las personas indígenas, adultas mayores, residentes en el extranjero, con alguna discapacidad y en general a quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad a que utilicen los servicios de la Defensoría, que son totalmente gratuitos; añadió que dicha institución del Tribunal Electoral estará en constante comunicación y coadyuvancia para beneficiar a más ciudadanas y ciudadanos de México.
En tanto, Diego Cadenas Gordillo, del Centro de Derechos Humanos KU’UNTIK, relató un caso relacionado con el desplazamiento forzado de 42 familias indígenas en un proceso poselectoral y otro sobre dos personas tsotsiles en prisión preventiva sin sentencia; al respecto, agradeció la asesoría y acompañamiento de la Defensoría, y destacó las resoluciones del Tribunal Electoral favorables y apegadas a derecho.
