La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary NG, se comunicó esta tarde con la titular de Economía, Raquel Buenrostro, para informarle al gobierno mexicano su inquietud por los cambios a la Ley Minera que se discute esta semana en el Senado de la República, ya que puede dañar las inversiones en el país.
«Durante una llamada con la secretaria de Economía, la funcionaria canadiense expresó su inquietud sobre las reformas propuestas al sector minero, las cuales afectarían las inversiones que tiene Canadá en el país, así como la competitividad y las cadenas de resiliencia de Norteamérica», señala un comunicado difundido la tarde de este martes por la funcionaria canadiense en su cuenta de Twitter. La ministra reiteró la «importante contribución» de las mineras canadienses a la economía mexicana.
En respuesta, en su cuenta de Twitter, la secretaría de Economía, publicó posteriormente que su titular, conversó con la ministra de Comercio Internacional de Canadá para «precisar» y «detallar» los cambios que se debaten en el Congreso de la Unión y que buscan modernizar la industria.
«Le explicó que las propuestas de cambio son para modernizar la normatividad que no tiene cambios desde 1992 y en la cual se respetan los tratados internacionales», dijo EN UN COMUNICADO la dependencia.
El 21 de abril pasado, la Cámara de Diputados votó a favor de una reforma a la legislación minera que incluye limitaciones a las concesiones y reduce sus plazos, endurece permisos de extracción de agua y fija la devolución de algunos beneficios, en medio de críticas del sector.
La reforma, que fue aprobada con 251 votos a favor y 209 en contra, rebaja a 30 años desde 50 el término de las concesiones, aunque suaviza las expectativas del proyecto original impulsado por el mandatario, que preveía solo 15.
Los cambios aprobados en la Cámara baja, por la mayoría del partido oficialista Morena y sus aliados, pasaron al Senado, donde esos grupos también cuentan con superioridad de votos. Sin embargo, el jefe político de Morena, Ricardo Monreal, ha propuesto un parlamento abierto para escuchar las voces de los interesados que, de aprobarse, retrasaría su aprobación o rechazo.