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Miguel Tirado Rasso
Resulta complicado entender la estrategia política-electoral de las cúpulas partidistas del PAN, PRI y PRD a pocos meses (4) del inicio del mayor proceso electoral de nuestra historia. Cuando se requiere congruencia, definición y firmeza en su actuación, se muestran erráticos, inconsistentes y hasta veleidosos.
Los partidos de la Alianza Va por México habían acordado no dejar pasar reformas con dedicatoria para acabar con las autoridades electorales. La lucha en el Congreso los llevó hasta plantear una moratoria constitucional, pues sus votos resultaban indispensables para la aprobación de cualquier reforma a la Constitución.
Semanas antes de que la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por el Ejecutivo se sometiera a votación en la Cámara de Diputados, una exitosa marcha ciudadana en apoyo al INE, habría de dejar en claro la impopularidad y el rechazo a esta reforma, lo que significó una presión a los legisladores del bloque opositor que influyó en el bloqueo a la iniciativa de Palacio.
Posteriormente, y sin tregua en el acoso al Instituto Nacional Electoral, el Plan B de la 4T resultó incontenible al plantear reformas con leyes secundarias para las que Morena contaba con los votos suficientes para su aprobación. En el Congreso, la oposición expuso su rechazo a las reformas que mayoriteó Morena. En la calle, una vez más, la ciudadanía mostró su repudio a estas reformas con manifestaciones en decenas de ciudades del país, la principal, en el zócalo capitalino.
El consenso era total, entre la ciudadanía manifestante y los partidos de oposición a Morena sobre la necesidad de proteger a las instituciones y autoridades electorales ante los embates de la 4T.
Pero resulta que, contra lo imaginable, unas semanas después de estos actos de rechazo contra las reformas a las leyes electorales, los dirigentes de los partidos del bloque opositor encontraron coincidencias en sus intereses con los de Morena, y, casi se salen con la suya con una reforma para acabar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que, congresistas y dirigencias de casi todos los partidos vieron la oportunidad de vengarse de las resoluciones del Tribunal, quitándole los dientes sancionadores para poder actuar con absoluta libertad en beneficio de sus intereses particulares.
Algunos, modificando a modo los estatutos del partido para prolongar su permanencia como dirigentes o viendo a futuro para poder realizar actos anticipadísimos de campaña sin riesgo a ser sancionados. Otros para poder manejar a su antojo y conveniencia el reparto de candidaturas a cargos de elección popular. Y todos en busca de eliminar cualquier supervisión de autoridad que los obligara a respetar la ley, los estatutos de partido, las disposiciones de paridad de género y los derechos político-electorales de grupos vulnerables (migrantes, representantes de pueblos originarios, comunidad de diversidad sexual, personas con discapacidad). En resumen, para mangonear a placer el partido.
No queda claro el origen de la propuesta para reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución que, a decir de un diputado de Movimiento Ciudadano, único partido que se negó a suscribir semejantes modificaciones, constituía un golpe mortal al Tribunal Electoral. Cabe especular, sin embargo, atendiendo al comportamiento obsequioso, servicial y sin iniciativa de las bancadas de Morena en el Congreso, que la reforma provino del gobierno de la 4T, con vistas al proceso de 2024.
Esta reforma busca delimitar las facultades del Tribunal, ante “el intervencionismo excesivo del Tribunal en la vida interna de los partidos políticos y del Congreso”, según queja de los Morenistas. Se plantea limitar el tipo de asuntos que puede conocer el Tribunal y reduce sus facultades de interpretación de la Constitución y de las leyes de la materia “conforme al límite del tenor literal de la ley”; acota su competencia en asuntos internos de los partidos; despenaliza actos anticipados de campaña, y establece como facultad exclusiva del Congreso federal las acciones afirmativas para grupos minoritarios, dejando fuera a congresos locales y a las autoridades electorales locales y federales, entre otras muchas ocurrencias para debilitar al Tribunal.
Pero como la reacción en contra de esta propuesta unió a propios y extraños de los diferentes partidos políticos, su aprobación se complicó en la Cámara de Diputados. Alrededor de 90 legisladores, incluidos 60 de Morena, habrían manifestado su oposición a la iniciativa, por lo que el jefe de la bancada de Morena, el diputado Ignacio Mier, no le quedó más remedio que dejarla pendiente en busca de que, con algunos ajustes, puedan aceptarla quienes la objetaron.
Por lo pronto, los dirigentes del bloque opositor despertaron del sueño seductor de la reforma y vueltos a la realidad, optaron por solidarizarse en el rechazo a terminar con el Tribunal, comprometiéndose a no votar a favor de la reforma, retomando el rumbo perdido de defensa a las instituciones electorales. Bueno, al menos, eso parece.
Y, más les vale, porque con estos bandazos, resulta difícil que la ciudadanía los siga tomando en serio.
Abril de 2023
