Ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró responsable al Estado Mexicano de violaciones concurrentes por el uso de la presión preventiva oficiosa y que se aplicó a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron 17 años sin ser sentenciados, el Gobierno de México se comprometió este miércoles a adecuar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que así lo exige.
«El Estado Mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones», expuso el Ejecutivo mexicano en un comunicado, en el que se dio por enterado del contenido de la resolución judicial.
La sentencia de este miércoles hace referencia a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora del municipio Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, María de los Ángeles Tamés.
