El presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza con destituir a cualquier servidor público , sea del Poder Judicial o de organismos autónomos si ganan más que el titular del Ejecutivo, por lo que remitió a la Cámara de Diputados un nuevo paquete de reformas para obligarles a la austeridad.
La iniciativa modifica nueve leyes y también establece el periodo en que funcionarios públicos tendrán prohibido prestar servicios de cualquier índole para las personas físicas o morales externas a las que hayan supervisado, regulado o a las que haya autorizado contratos y actos administrativos.
Para someter a los autónomos a la austeridad propuso reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley del Banco de México, Ley sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y Ley de la Fiscalía General de la República.
Además a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Telecomunicaciones. No se incluyó ahora al Instituto Nacional Electoral (INE).
En su exposición de motivos el mandatario indica que el objetivo del gobierno es el combate al dispendio, a la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y a través de la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada en 2019, “se ha establecido la austeridad como conducta y política de Estado”.
Pero “altos funcionarios de los entes públicos a la fecha se resisten a asumir la política de austeridad. Defienden sus inconstitucionales privilegios” y altos salarios, con la excusa de que se vulnera la autonomía.
Por eso el paquete incluye reformas al Poder Judicial, a los órganos constitucionalmente autónomos y a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, además de la Ley Federal de Austeridad.
A todos ellos se les ordena generar un sistema de valuación de puestos y establecimiento de las percepciones, con la advertencia que no topar sus ingresos será motivo de sanción, que puede ser inhabilitación o destitución.
Si se excede mil veces el valor de Unidad de Media y Actualización (UMA), es decir 103 mil 740 pesos, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, Tanto a la persona que recibió los recursos como quien los autorizó.
Si rebasa los mil UMAS “se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años a ambas”, dice el nuevo artículo 34 de la Ley Federal de Austeridad.
En la ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se plantea agregar en el artículo 42 que “las remuneraciones que reciban las personas servidoras públicas adscritas al Tribunal en ningún caso pueden rebasar el límite establecido” en el artículo 127 de la Constitución.
En la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se incluye un párrafo, para indicar que la personas servidoras públicas de los poderes legislativo y judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos “están obligadas a cumplir de marea irrestricta con lo dispuesto en la presente ley en materia de remuneraciones”.
No sujetar sus percepciones, se añade, será “so pena de incurrir en responsabilidad conforme al artículo 108 constitucional”.
