Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
Galopante y cada vez más robusta la corrupción sigue su marcha en México sin que haya nada, ni nadie que frene su carrera.
Hace dos años, en 2021, el INEGI exhibió uno de sus grandes estudios en los cuales expuso que de 2013 a 2020 se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas.
Y alertó con el planteamiento:
“En las entidades de Durango, Ciudad de México, (Estado de) México y Quintana Roo la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas.
“Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, en tanto que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.”
Y como se le quiera ver, la situación va de mal en peor. Por ejemplo, de acuerdo a la institución desde entonces, “las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas.
Y lo peor…
“59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019 fueron víctima de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020. En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3 822 pesos en promedio (1 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017). Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción”.
Pues bien, la situación no ha variado mayormente, se ha intensificado con el avance del sexenio y la partida a su casa, o con rumbo desconocido, de los actuales funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, administración que hoy enfrenta el peor descrédito a nivel internacional tras el tácito “asesinato” de 39 personas en una virtual cárcel de Ciudad Juárez.
MECIDOS POR LA
PUTREFACCION
Varios meses antes de que sucediera el terrible y vergonzoso hecho en aquella ciudad fronteriza, en el Instituto Belisario Domínguez, el investigador César Alejandro Giles Navarro realizó un trabajo titulado “¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021”.
En el mismo, en la introducción explica: “Si bien las investigaciones antes mencionadas aportan datos enriquecedores a la discusión, siguen abiertas preguntas como por ejemplo ¿cuántos servidores han
sido sancionados por faltas administrativas graves? ¿cuántas personas están en la cárcel hoy en día por hechos de corrupción? ¿cuántas de ellas han sido
sentenciadas? ¿cuántos servidores públicos han sido destituidos, separados y/o inhabilitados en los últimos años? ¿cuáles son las conductas de corrupción más
sancionadas? ¿cómo ha sido la evolución en los últimos años en la aplicación de las diferentes sanciones? ¿en la actualidad se sanciona más o menos que antes?”.
Por este investigador y su trabajo sabemos que… “Entre 2013 y 2021, los órganos jurisdiccionales federales dictaron sentencia a 1,516 personas por delitos de corrupción que representaron el 14.8% de las causas penales por delitos de corrupción registrados en este mismo periodo. Entre 2013 y 2018, el número de personas sentenciadas descendió 50%, pasando de 222 y los 111. De 2018 a 2019 se registró un aumento superior al 200%, alcanzando 342 sentencias, su punto más alto. Sin embargo, en el 2020 y 2021, el número de sentencias descendió a sus niveles más bajos, con 52 y 29 sentencias, respectivamente. Entre 2019 y 2021, las sentencias por corrupción a nivel federal bajaron 91%.”
Y gracias a su trabajo, estamos enterados, además,de que…
“Entre 2017 y 2021, los delitos que acumularon mayor número de personas sentenciadas por casos de corrupción fueron: cohecho (185), abuso de autoridad (143), peculado (84), ejercicio indebido del servicio público (61), enriquecimiento ilícito (8) y ejercicio abusivo de funciones (7).
“Asimismo, llama la atención que desde
2017 hasta la fecha, no se ha sentenciado a ninguna persona por el delito de tráfico de influencias, una de las conductas más reiteradas en el imaginario colectivo y más
recurridas en el plano discursivo.
Pero…
“Por otro lado, es importante aclarar que no todas las sentencias son condenatorias. En los años 2019 y 2021, 8 de cada 10 sentencias emitidas por órganos
jurisdiccionales federales por casos de corrupción fueron condenatorias y en el 2020 fueron cinco de cada 10.9. En estos tres años fueron sentenciadas 324 personas que
representaron el 14 de las 2,189 personas que fueron imputadas por delitos de corrupción. En los últimos tres años, el promedio anual de personas sentenciadas culpables por delitos de corrupción a nivel federal es de 108”.
