Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
A todos nos debe extrañar que el estudio de la controversia constitucional presentada por el INE contra la reforma electoral contenida en el Plan B, del cual emergerá el proyecto de sentencia, haya caído en la persona de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Todavía no se llega al final del problema que le generó haber plagiado el 90 por ciento de su tesis del trabajo original del estudiante Ulises Báez.
Por el contrario, que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá tenga la responsabilidad de examinar la queja de la Presidencia de la República y la acción de inconstitucionalidad presentada por Mesa Directiva del Senado de la República, por la suspensión definitiva otorgada por su par, Javier Laynez Potisek, parece ser una decisión acertada. Si bien en su pasado formó parte del gobierno del actual presidente en funciones de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha mostrado tener independencia y capacidad para proponer proyectos y defenderlos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ambos asuntos, relacionados con el Plan B, podría ser discutidos en el pleno en tres o cuatro semanas, lo que dará tiempo para analizar de forma y fondo el futuro del Poder Judicial de la Federación.
Para el senador Miguel Ángel Mancera, es difícil que tengan éxito ambas acciones emprendidas para revertir las decisiones judiciales. “La Corte ha actuado con criterios que han sentado jurisprudencia y no veo razón para que los cambie; sobre todo, porque las dos sentencias provisionales en un inicio y definitivas posteriormente, están sustentadas en razón de que de ponerse en práctica se afectarían de manera irreversible derechos de los ciudadanos”.
El magistrado, Horacio Armando Hernández Orozco, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, comenta que cuando una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional es admita por la Corte, se revisa su contenido hasta con lupa y se evalúa si hay o no elementos para darle entrada.
“No se trata de admitir por admitir; se estudia y quienes lo hacen, saben los alcances de cada una de ellas. Seguramente los ministros que las recibieron, hicieron su trabajo de manera adecuada. No creo, por lo tanto, que cuando se presenten los proyectos de la ministra Esquivel Mossa y Alcántara Carrancá, haya sorpresas”, apunta.
A diferencia de reformas de leyes que pueden ser declaradas inconstitucionales, las sentencias tienen que contar con 8 votos a favor o en contra; en este caso, el de las suspensiones, es votación simple. Con 6 votos se declara en uno u otro sentido.
La relevancia en este caso, se finca en que al frenar definitivamente el Plan B, no en todo su contenido pero sí en aquel que pone en riesgo el voto libre, secreto y universal. Hará que el ambiente político-electoral tome causas probablemente inimaginables.
Es de suma importancia establecer que el INE, con el cambio de presidente a presidenta y cuya identificación con la 4t no deja la menor duda, podría desistirse de su controversia constitucional y para ello requeriría de 6 de los 11 votos de los consejeros ciudadanos. La posibilidad existe. Sin embargo, está lejana y se antoja difícil que quienes aprobaron se presentara en la Corte ahora cambiaran de criterio con el arribo de los 4 nuevos integrantes y que, en apariencia -por decir lo menos- responden al huésped temporal de Palacio Nacional.
¿Hasta dónde resistirá la Corte la presión presidencial y legislativa?
Mancera dice: “las decisiones que ha tomado en el último mes, han dejado excelente sabor de boca. El Poder Judicial de la Federación es sólido”.
Hay que prever, por supuesto, que el señor López utilizará “todo el poder de su firma y sus otros datos” para salirse con la suya.
Será 3 o 4 semanas de espera y lo recomendable es no desesperar. Hay que tener confianza en la independencia e integridad de, cuando menos, 8 ministros(tras).
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