*Violentando Artículos Constitucionales Presentó su Plan “B” y Ahora Viene el “C”
*Insultó a los Ministros de la SCJN y a los Consejeros del INE al Decirles Tácitamente “Ambiciosos”
*La Descalificación Contra los Ministros que no le Rinden Pleitesía es la Constante
*Hasta Ahora ha Fallado su Pretensión de Someter al Poder Judicial al Ejecutivo que Encabeza
*Continúa el Choque de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Contra el Judicial
GERARDO LAVALLE
Llamar a no votar por “los conservadores” es equiparable a impedir el voto libre y secreto al tiempo que se incita a la insurrección -como si se tratara del manifiesto de Francisco I. Madero-, viola el artículo tercero inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice:
Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. (En la reforma electoral impugnada y suspendida por orden del ministro Javier Laynez Potisek, el texto quedó tal y como estaba con la modificación de 2014).
Con ello, violenta los artículos 108 y 111 constitucionales y segundo párrafo del artículo 19, reformado en 2019 con lo que se le “quitó” el fuero al Presidente de la República.
El 108 precisa: Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y los contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna. Éste señala: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
El 111 establece: Para proceder penalmente contra el presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Ante el fracaso de su reforma electoral constitucional al no alcanzar los votos de Morena y aliados, el presidente de la República sacó de la manga la “reforma legal” que fue publicada en dos decretos, uno en diciembre y el otro en febrero y con la suspensión definitiva -falta llegar al fondo del asunto- ya anunció su “Plan C” del que, dice, es infalible.
“Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo” y consiste en “que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C”.
Para el presidente, como jugador de beisbol, aplica la filosofía de Yogui Berra, quien en un partido cerrado y con la derrota cercana, expresó: “No se acaba hasta que se acaba”.
En su proyecto de gobierno y de permanecer en el poder a través de quien designe su candidato a sucederlo, decidió apoyar a los pobres como estrategia política.
“Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación se cuenta con el apoyo de ellos”, dijo.
Y para justificar su desencanto con los conservadores, plateó:
“No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.
¿Qué significa contar con ellos (los pobres) para defender la transformación?
EL LLAMADO A LA
INSURRECCIÓN
Durante su mandato, el presidente de la República, ha señalado que su transformación, la revolución de las conciencias, es un movimiento pacífico. Sin embargo, llamar a los “pobres”, para cuando se necesiten salgan en su apoyo, implica romper el marco jurídico nacional y que desconozcan la libertad del voto y atiendan su orden.
Porque pedir que no voten por los conservadores, es eso: una orden.
El planteamiento presidencial conlleva implícita la instrucción de votar por los candidatos de Morena. Propaganda política que violenta el marco legal. Se conoce su pensamiento sobre la legalidad: “a mí no me digan que la ley es la ley”. Y ha demostrado su desapego a la Constitución con la construcción de reformas legales que, son impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación y, hasta ahora, incluida la Ley de la Industria Eléctrica, ha sufrido reveses. Si bien no fue declarada inconstitucional, tampoco constitucional. Como ley secundaria de los artículos 25, 27 y 28, que está sujeta a ser impugnada y quienes se sientan afectados podrán recurrir al Poder Judicial de la Federación en busca de la protección mediante suspensiones y amparos.
Si desde ahora impulsa su interpretación de la ley y decide mantener su postura inventando planes hasta que se agote el abecedario, cuando se inicie el proceso electoral para renovar el Ejecutivo y el Legislativo federal, además de 9 gobiernos estatales -algunos gobernados por militantes de Morena- y los congresos locales y cientos de alcaldías, los integrantes del “pueblo bueno” saldrán a las calles para mostrar el apoyo hacia el presidente y el día de la elección el choque con los conservadores será inevitable.
Las elecciones federales, en las que en 2018 requirieron de 167 mil casillas con un millón 223 mil ciudadanos al frente de las mesas receptoras, son cuidadas por el Ejército y la Marina y para 2024 no se descarta la presencia de la Guardia Nacional.
Los pobres, la primera línea de defensa de la cuarta transformación, expresarán su rechazo a los conservadores y contarán con el respaldo de las fuerzas castrenses para no ser víctimas de respuestas violentas.
En la estrategia política del presidente se advierte que usa los programas sociales con fines electorales lo que, conforme al artículo 19 constitucional, segundo párrafo, es un delito electoral. En el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto inicia con … prohíbe a cualquier persona las siguientes conductas: 14 puntos redactados y el final se refiere a la sanción que aplicará un juez federal: les podrá imponer tanto una sanción pecuniaria, como una sanción privativa de libertad y que éstas penas pueden comprender de diez a cien multas y de seis meses a tres años de prisión.
Se diría que el término “cualquier persona” no atañe al presidente y, sin embargo, con la reforma al artículo 19, el Jefe del Ejecutivo está sujeto a cumplirlo y no cometer delitos electorales. El llamado a no votar por los conservadores, equivalente a la insurrección, es un delito electoral al hacer proselitismo por su partido, sus candidatos y su proyecto de gobierno.
EL DINERO
ES SU DIOS
Con la primera suspensión a la Ley de General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del llamado “plan B” de reforma electoral, el ministro Alberto Pérez Dayán dejó sin efecto, de manera provisional, ambas normas y, la segunda, frena la reducción salarial de ministros de la Corte, consejeros del INE y comisionados del INAI, la COFECE, la CRE, la CNH y el IFETEL, entre otros órganos autónomos constitucionales, por lo que los sueldos del personal de alto rango en esas instituciones, mantienen sus ingresos por encima de los del presidente de la República.
“Los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE están contra su reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues su único dios es el dinero”, porque en el en el fondo lo que los opositores a la reforma electoral buscan es que se declare o no inconstitucional, sino que no se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.
“A eso se reduce todo, en eso consiste ‘el INE no se toca’. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127”.
DERROTA EN LA
SCJN LO IRRITA
En diciembre, cuando se desveló que la ministra Yasmín Esquivel Mossa había plagiado su tesis en 90% para obtener el título de abogada, al presidente de la República se le complicó su intención de controlar al Poder Judicial de la Federación. Y no ocultó su irritación. Acusó al descubridor del hecho, Guillermo Sheridan, de ser orgánico como Camín y Krauze y a los medios de comunicación de “linchamiento mediático”. Defendió a su amiga y calificó, de ser cierta la versión, de haber cometido “un error de juventud” y presionó a la UNAM para evitar que el análisis de la tesis continuara. Fracasó.
Aunque no se retiró de la búsqueda por la presidencia de la SCJF, la ministra Esquivel Mossa fue derrotada en la tercera votación por su par, la ministra Norma Leticia Norma Piña.
A partir de ese momento, desde Palacio Nacional, en las mañaneras, se inició el proceso de descalificación de la primera mujer que ocupa la presidencia del máximo Tribunal Constitucional y 18 días después de su asunción, surgió la acusación: desde que la ministra Piña llegó al cargo, la corrupción aumentó.
Con la suspensión definitiva de otras 4 leyes del paquete que integra el Plan B, el presidente estalló en contra del ministro Javier Laynez Potisek a quien no bajo de responder a los intereses de los conservadores. La respuesta no se hizo esperar: “se atentaba contra los derechos humanos de los ciudadanos en procesos electorales”.
“Quieren que prevalezca en México una especie de supremo poder conservador y ya el ministro Laynez es como su alteza serenísima. Si cancelan en definitiva este ‘plan B’, si cancelan esta reforma electoral acotada, ya di a conocer que vamos con el ‘plan C’, ese no va ser bloqueado, no falla, es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, expresó el presidente de la República.
Sus reflexiones sobre el tema, se remontan al pasado sin aportar prueba alguna. Por ejemplo: “¿Cuándo se había visto que le rechazaran en la Cámara, en el poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al Presidente? ¿Cuándo? Si todo era: ‘Sí señor, lo que usted diga’ o ‘¿Qué hora son?… La que usted quiera señor’. El poder de los poderes era el Ejecutivo, el poder Legislativo estaba subordinado el poder Judicial lo mismo, era el porfiriato o el neoporfiriato o el neoporfirismo. Con la máxima de que la Constitución se respeta en la forma, pero se viola en el fondo”.
El presidente buscaba someter al Poder Judicial y que rechazara toda acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Al Legislativo lo tiene dominado para la aprobación de leyes. A los diputados de Morena y aliados, PT y PVEM, les ordena “no cambiar un punto o una coma” a las iniciativas de reforma que envía. Los diputados obedecen ciegamente.
Revivió el ejercicio “del poder de los poderes” y no digiere que en la Corte hay 8 ministros -2 mujeres- que, por sus actuaciones, detendrán las reformas del Plan B.
AL CHOQUE DE
LOS PODERES
En el intento de doblegar al Poder Judicial, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, presentó una iniciativa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean “electos por el pueblo”. Es decir, elecciones “libres y directas”.
La embestida de dos Poderes de la Unión en contra del tercero, arrecia día con día, tal y como lo publicamos en MISIÓN POLÍTICA hace seis ediciones.
Como nunca, cuando menos en la época del civilismo gubernamental, iniciado en diciembre de 1946, los PODERES DE LA UNIÓN había sostenido un enfrentamiento como el que ahora se registra.
Para el presidente es muestra de la democracia que se ha fortalecido en su gobierno. Para los constitucionalistas, existe el riesgo de que se incremente el embate ya no solamente desde Palacio Nacional sino desde San Lázaro y el Senado de la República en donde los congresistas del oficialismo obedecen las líneas marcas durante las mañeras.
Son defensores de las violaciones constitucionales contenidas en las reformas legales y, con honrosas excepciones, votan para aprobarlas.
Por ello, en la Suprema Corte de Justicia se han incrementado, como nunca, las controversias y acciones de inconstitucionalidad.
Y conforme el programa de acción presidencial avance rumbo a la sucesión, se incrementarán.
COLOFÓN
Un magistrado de Tribunal Colegiado, confió a MISIÓN POLÍTICA que la resolución a la suspensión “indefinida” del “Plan B” se dará a finales de junio y probablemente en julio.
¿Qué seguiría? El proceso electoral para 2024 se inicia en septiembre y el artículo 105 de la Constitución establece que las reformas electorales no podrán hacerse sin mediar un plazo de 90 días anteriores a la celebración de los comicios.
Julio detendría todos los cambios propuestos.
