Autoridad fiscalizadora enfrenta la negativa a colaborar de la Fiscalía General de la República que aduce el secreto ministerial: Lorenzo Córdova
Reintegrarán partidos políticos remanentes de financiamiento a campañas del Proceso Electoral Federal y locales 2020-2021
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 14 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.
En sesión extraordinaria, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, dio cuenta que de los 14 procedimientos que se pusieron a consideración del Consejo General, nueve son oficiosos y cinco derivados de quejas, correspondientes a procesos electorales federales y locales en años pasados.
“De los 14 proyectos de resolución, en dos casos se propone declarar los procedimientos fundados, al acreditarse que existieron irregularidades en cuanto al origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. Se acreditaron conductas como aportaciones de ente impedido de un aspirante a candidato independiente y otro, por egresos no reportados de un partido político en proceso de liquidación”, informó.
En los 12 casos restantes, no se acreditó la comisión de infracciones en materia de fiscalización. Entre ellos, el referente a la queja presentada por el PRD y Morena en contra de la Coalición “Compromiso por México”, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, así como su entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, por presuntas aportaciones de recursos económicos a su campaña, a través de Emilio Lozoya Austin (caso Odebrecht); por otra parte, se resolvió la queja por el supuesto desvío de más de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de las campañas electorales del PRI en 2016 (operación Safiro).
En el caso Odebrecht, el pleno del Consejo General no pudo determinar infracción a algún partido político, ya que no contó con la información necesaria por parte de autoridades federales y financieras, así como otras instituciones para poder complementar la información; mientras que en el caso Safiro, si bien se presentan infracciones de distinto tipo, no se pudo acreditar que los recursos hayan ingresado al partido político denunciado.
INE no puede allegarse de información de investigaciones en el extranjero
El consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello aclaró que, en este caso, popularmente conocido como caso Odebrecht, igual que con otros casos connotados, el Instituto enfrenta “la negativa a colaborar, aduciendo el secreto ministerial, por parte de la Fiscalía General de la República con las funciones fiscalizadoras de esta autoridad electoral nacional”.
En este procedimiento, destacó, “las fuentes que permitieron en su momento denunciar ante esta autoridad -el IFE todavía- aquel caso, son todas fuentes que provienen de la jurisdicción extranjera y este Instituto, a diferencia de la Fiscalía, no puede allegarse de información que es producto de investigaciones en el extranjero”.
Córdova enfatizó que, a diferencia del INE, la Fiscalía sí puede requerir, en virtud de sus atribuciones y de los convenios internacionales en la materia, información a otras autoridades extranjeras, “como es el caso precisamente de la autoridad que en Brasil, en la década pasada, evidenció los casos de corrupción de Odebrecht. Me refiero al Tribunal Superior Federal”.
Por lo tanto, insistió el presidente del INE, la única ruta que tiene el Instituto para allegarse información indispensable para conocer el fondo de este asunto, es a través de la Fiscalía General de la República y partir de la información de la que dispone.
“El problema es que no ha colaborado con el Instituto y ha interpuesto recursos jurídicos ante la Suprema Corte para evitar que este Instituto se allegue de información”, argumentó Córdova.
Además, hizo votos porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el punto, en definitiva. “Ojalá los partidos políticos frente a la resolución que tomemos hoy presenten recursos, para que el Tribunal le dé facultades a esta autoridad para continuar y resolver el fondo del caso”, concluyó.
Necesario conocer fondo de caso Odebrecht
Al respecto, el Consejero Ciro Murayama lamentó que a pesar de que la posibilidad de trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal ya está en la Constitución, este asunto “está detenido en la Corte y no podemos saber qué hay”.
“La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad por parte de la Fiscalía General de la República y yo espero que se pueda conocer el fondo del caso Odebrecht sin obstáculos políticos de la Fiscalía”, recalcó.
Demora puede provocar prescripción de los procedimientos
En ronda en lo general, la consejera Carla Humphrey advirtió que la demora en la resolución de procedimientos sancionadores de fiscalización puede llegar a comprometer la adecuada investigación o, en el peor de los casos, “se podría llegar a actualizar la prescripción de la facultad investigadora y sancionadora de esta autoridad”.
Por lo anterior, llamó a realizar una revisión exhaustiva y pormenorizada de la normatividad y de la forma de trabajo al interior de la Unidad Técnica de Fiscalización. Respecto al caso relacionado con la denuncia contra la otrora Coalición “Compromiso por México”, calificó como clara la obstaculización de distintas autoridades, en particular de la Fiscalía General de la República, pero también de diversas autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que se le hizo un requerimiento que simple y sencillamente no ha contestado, “ya que si su Titular en lugar de estar haciendo reformas electorales, estuviera cumpliendo con las atribuciones que le competen a la UIF, probablemente se podría tener información adecuada para solventar los procedimientos en materia de fiscalización”.
Fundamental cooperación institucional para resolver asuntos
Sobre el procedimiento derivado del llamado caso Odebrecht, la Consejera Dania Ravel refirió que la Fiscalía General de la República se niega de forma sistemática a proporcionar información, específicamente respecto a tres carpetas de investigación que tienen abiertas y que están íntimamente relacionadas con este asunto.
“Sin duda, la Fiscalía tiene la responsabilidad, en términos generales, de proteger la confidencialidad de las investigaciones que realiza, sin embargo, en este caso el Instituto Nacional Electoral es una autoridad constitucionalmente facultada para llevar a cabo investigaciones inherentes a los recursos de los partidos políticos, por lo que debería de existir una cooperación entre las autoridades del Estado mexicano”, sustentó.
El consejero José Roberto Ruiz presentó un voto concurrente respecto a este asunto.
Falta de colaboración ministerial afecta en determinación de la autoridad
“Lamentablemente estamos en una situación en la que la falta de colaboración de las autoridades ministeriales nos impide analizar con mayor profundidad el asunto”, mencionó la Consejera Claudia Zavala.
En este caso de relevancia nacional e internacional, subrayó, se opone un secreto a pesar de que ya en el camino del Estado de derecho quedó claro que es una decisión de la autoridad electoral máxima en este tema, como es el Tribunal Electoral; se llega a una conclusión determinada por la falta de cumplimiento de una sentencia y “porque no nos fueron otorgados los datos para poder analizar” de manera integral.
El INE cumple con trabajo fiscalizador cuando le corresponde la investigación
“El INE ha actuado de manera oportuna y eficaz en todos aquellos casos donde depende del Instituto llevar a cabo la investigación”, señaló la Consejera Adriana Favela.
Sin embargo, explicó que la institución fiscalizadora enfrenta problemas cuando se plantean asuntos donde la investigación corresponde a una instancia ministerial y depende de lo que ésta haga, de los elementos que recabe y de cómo avanza en el procedimiento para tener cierta información, a fin de que la autoridad electoral pueda integrar el expediente para llegar a una determinación.
Manejo financiero de partidos debe ser analizados con rigor
Durante la discusión de los asuntos, el Consejero Martín Faz indicó que, si bien el INE ha avanzado en la superación de diversos obstáculos a su labor, como el secreto fiscal, bancario, fiduciario e incluso el ministerial, “algunos sujetos fiscalizados han diseñado estrategias cada vez más sofisticadas que dificultan, de alguna manera, ser detectados y evidenciados por la lupa fiscalizadora”.
Los partidos políticos, sostuvo, deben ser tratados con rigor en cuanto a su manejo financiero. “No sólo por lo que hace al principio de prevalencia, sino también por lo que respecta a la recepción de aportaciones de fuentes prohibidas por la ley ya que, en conjunto, son la base en la que se resguarda la equidad en la contienda al prevenir que a través del dinero se pueda indebidamente influir en la política”.
INE no puede cubrir omisiones de poderes del Estado
El Consejero Uuc-kib Espadas consideró que hay un exceso en el ejercicio de las atribuciones del INE. “No le toca a este Instituto suplir lo que las autoridades, fiscalías, las procuradurías y, en su caso, el Poder Judicial no hicieron”.
“Tenemos que seguir presionando para que las autoridades nos den la información correspondiente y las instituciones bancarias, pero este Instituto no puede suplir todas las faltas ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial”, insistió.
Aprueban lineamientos para reintegro de remanente en PEL 2022-2023
El Consejo General aprobó por unanimidad los Lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado para gastos de campañas de los Procesos Electorales Locales ordinarios 2022-2023 en los estados de Coahuila de Zaragoza y de México, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de éstos.
Previamente, el pleno aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se determinan los remanentes de financiamiento público de campaña no ejercidos durante el Proceso Electoral Federal y locales concurrentes 2020-2021, que deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación o su equivalente en el ámbito local, así como los saldos de los pasivos no liquidados.
En otro punto de la sesión, el Consejo General avaló por unanimidad los Lineamientos para la fiscalización de la revocación del mandato de personas representantes electas durante el proceso electoral concurrente 2020-2021 en la Ciudad de México.
Las consejeras y los consejeros recibieron el Informe respecto de la renuncia al financiamiento público por los Partidos Políticos Nacionales, debido a la pandemia generada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
A continuación, el Consejo General dio por recibido el Informe respecto del mecanismo llevado a cabo para garantizar el financiamiento público para gastos de campaña en el proceso electoral extraordinario en el estado de Tamaulipas, 2023.
También recibió el segundo informe que presenta el Secretario Ejecutivo con el propósito de atender el principio de definitividad que rige los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de este órgano electoral, durante el Proceso Electoral Federal extraordinario para la elección de una Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el estado de Tamaulipas 2022-2023.
