El Salvador lleva un año sometido a un régimen de excepción que ha devuelto una sensación de seguridad que muchos habían olvidado y otros desconocían, pero a un costo demasiado caro en términos de democracia y derechos humanos.
Este 27 de marzo se cumple el primer aniversario de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa -donde la oposición es numéricamente irrelevante y resisten como atrezzo de pluralidad- un estado de excepción tras la peor ola de asesinatos desde que el carismático Nayib Bukele llegara a la presidencia de la República, en junio de 2019.
Fueron tres días de sangre y muertes, en los que en una sola jornada se contaron 62 asesinatos, cifra récord para un país acostumbrado a este tipo de violencia.
Los hechos marcaron un antes y un después para la administración Bukele, que desató una guerra contra las temibles «maras» (pandillas), las estructuras criminales que controlaban casi cada milímetro del territorio nacional, viviendo de la extorsión y de sembrar el terror.
El periódico digital El Faro publicó evidencias de que la matanza respondió a la captura de varios cabecillas criminales, lo cual fue interpretado por las pandillas como una ruptura del pacto que, a todas luces, mantenía con un gobierno que desacreditó justamente a sus rivales políticos desenterrando viejas negociaciones partidistas con las «maras».
El «bukelismo» no solo lo negó, sino que sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, junto a la Policía Nacional Civil, e inició una persecución de pandilleros, agarrando a los que lo eran, pero también a quienes lo parecían y a no pocos que ni lo uno ni lo otro.
«Hay gente que está purgando una condena temporal solo por sus rasgos, por su ubicación geográfica, se criminaliza a jóvenes pobres y esa es la gran denuncia de muchos organismos de derechos humanos», comentó a Sputnik el doctor Oscar Picardo, director de investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia.
El oficialismo alega que la suspensión excepcional de derechos y garantías está avalada por la Constitución y así detuvo ya a 65.000 presuntos pandilleros, lo cual permitió registrar 215 días sin homicidios y terminar 2022 con una tasa de asesinatos de 7,8 por cada 100.000 habitantes, una de las más pequeñas de América Latina y récord absoluto en la historia reciente del país.
El 2021 había con una tasa de 18 homicidios cada 100.000 personas.
La defensora del pueblo, Raquel Caballero de Guevara, aseguró que unas 3.000 personas fueron liberadas durante el régimen de excepción, luego de que sus casos fueron revisados y analizados por una mesa técnica que responde a la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Sin embargo, observatorios internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denuncian múltiples violaciones al debido proceso y los derechos básicos de los detenidos y solicitan la derogatoria del régimen de excepción, a lo que Bukele y sus partidarios responden con desdén, acusándolos de «defender a criminales».
Para Eduardo Escobar, director de la plataforma de controlaría social Acción Ciudadana, el problema es que se ha suplantado la presunción de inocencia por la de culpabilidad, o sea, a los ojos de las autoridades todos son culpables, hasta que se pruebe lo contrario.
«El régimen ha convertido lo excepcional en la norma, en lo cotidiano… En el ordenamiento jurídico salvadoreño esta figura estaba pensada como algo excepcional, pero al hacerlo permanente se ha desnaturalizado, porque se concibió para otro tipo de contingencia, no para criminalidad ordinaria», dijo Escobar. (Sputnik)
