La Embajada de Perú en Washington firmó un contrato con una empresa estadounidense para mejorar la imagen del Gobierno de Dina Boluarte en Estados Unidos, señaló una investigación periodística. El contrato implicó un gasto de 55.000 dólares y buscó revertir el efecto de un traspié mediático de la canciller peruana.
Una investigación periodística asegura que la Embajada de Perú en Estados Unidos contrató a una agencia de comunicación estadounidense con el objetivo de mejorar la imagen del Gobierno de Dina Boluarte. De acuerdo con los documentos revelados, el Gobierno peruano destinó 55.000 dólares para pagar a Patriot Strategies, una firma que ya había sido contratada en el pasado por la sede diplomática.
El informe presentado por el sitio Perú21 adjunta una copia del contrato firmado entre las partes, donde se especifica que la compañía Patriot Strategies «trabajará con la Embajada del Perú el desarrollo y la implementación de la estrategia: plan e implementación de campaña comunicativa para difundir los argumentos que respalden las relaciones bilaterales de manera formal e informal».
El contrato establece que la sede diplomática peruana pagará a la compañía estadounidense 40.000 dólares por el trabajo realizado, más 15.000 dólares extra por concepto de «gastos de administración e implementación», un rubro que comprende «uso de documentos, viajes, producción de videos, alquiler de equipos y otros».
El contrato habría sido firmado el 28 de febrero de 2023 por el presidente de la empresa, George Seymor, y el oficial de la Embajada peruana, Irving Jaime Lizárraga. Según estipula, el servicio provisto por la compañía comenzó el 1 de marzo y tiene fecha de finalización el 29 del mismo mes.
El medio peruano vincula la decisión de contratar a la agencia con la polémica suscitada por una entrevista que la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, brindó en febrero a The New York Times, en la que hizo declaraciones que el diario interpretó como un reconocimiento de que Lima no tenía evidencias de que las protestas estuvieran organizadas por grupos criminales.
Días después de publicado el artículo en el diario estadounidense, la sede diplomática de Perú en Washington envió una carta al periódico señalando su molestia por la nota y asegurando que la canciller había dicho lo contrario a lo publicado y que el vínculo de las protestas con organizaciones criminales estaba «bajo investigación».
De acuerdo con Perú21, la contratación de Patriot Strategies obedeció a la voluntad del Gobierno de no volver a cometer este tipo de malentendidos y mejorar la imagen de Boluarte ante la opinión pública estadounidense.
El mismo medio asegura, a partir de fuentes, que hubo una gestión similar de la Embajada de Perú en Bruselas, con la intención de fortalecer la imagen de Boluarte y su Administración en la sede de la Unión Europea (UE). Sin embargo, el sitio no aportó mayores detalles de ese acuerdo.
La existencia del acuerdo fue confirmada a Perú21 por la propia Cancillería peruana, que aclaró que la contratación del servicio obedece a «un fin específico de relacionamiento y promoción de la imagen» del país en Estados Unidos.
«Se trata de mostrar una imagen del Perú ante las distorsiones que se presentan, hay medios críticos que distorsionan la realidad», agregó la Cancillería peruana, según replica el sitio peruano.
El diario La República recordó que la Cancillería peruana había pedido un esfuerzo a los 140 órganos de su servicio exterior «comunicar adecuadamente la situación política y social» de Perú, luego de que noticias internacionales se hicieran eco de los reclamos del expresidente Pedro Castillo, destituido tras un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.
El pago de los 55.000 dólares generó repercusión entre los peruanos al sumarse a otros gastos que, en medio de una crisis política, son vistos como superfluos por los ciudadanos. En febrero, el Congreso se vio envuelto en un escándalo al conocerse el gasto de más de 80.000 dólares en alfombras y 400.000 en el alquiler de un estacionamiento privado para los legisladores.
Antes, los legisladores habían quedado en el centro de la tormenta por aumentar su gasto diario en alimentación, pasando de 4,2 dólares a 21 dólares diarios por congresista. (Sputnik)
