Donald Trump creó una «falsa expectativa» sobre su inminente detención, dijo este jueves el fiscal de Manhattan que investiga al expresidente por el pago de 130 mil dólares a una actriz porno, mientras crecen las tensiones por una posible inculpación.
En una carta enviada a tres congresistas republicanos que le escribieron el lunes pidiéndole que declarara ante el Congreso sobre este caso, la oficina de Alvin Bragg respondió este jueves con otra misiva.
En la misiva, los republicanos -entre ellos el presidente de la comisión de Justicia, Jim Jordan- acusaron a Bragg, un demócrata, de «persecución política» después de que Trump dijera el sábado que iba a ser detenido el martes.
«Su carta… es una investigación sin precedentes sobre un proceso local pendiente», escribió Leslie Dubeck, asesora general de la oficina de Bragg, este jueves.
«La carta se produjo después de que Donald Trump creó una falsa expectativa de que sería detenido (…) y sus abogados les urgieron a intervenir. Ninguno de los dos hechos constituye una base legítima para la investigación del Congreso», añadió.
Trump hizo el anuncio en su plataforma Truth Social, desatando un frenesí mediático, y convocó a sus partidarios a protestas «masivas», poniendo en máxima alerta a la policía neoyorquina que erigió barricadas frente a la oficina de Bragg, en el sur de Manhattan, y la Torre Trump.
El gran jurado, el encargado de votar si se inculpa a Trump, no tenía previsto reunirse este jueves, por lo que no se prevé que vaya a haber una decisión antes de la próxima semana.
El republicano de 76 años que aspira a llegar de nuevo a la Casa Blanca en los comicios de 2024, podría convertirse en el primer exmandatario en ser inculpado por la justicia.
La fiscalía de Bragg investiga el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña presidencial de 2016, para comprar su silencio sobre una relación que habrían mantenido 10 años antes, algo que el magnate siempre ha negado.
El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado, aseguró que hizo el pago en nombre de su entonces jefe y que después se lo reembolsó.
Pero si el pago no fue debidamente acreditado, podría resultar en un delito menor por falsificación contable, y podría suponer la violación de la ley de financiamiento de la campaña electoral, que puede acarrear 4 años de cárcel, según los expertos.
