Francia enfrenta este domingo una nueva jornada de protestas contra la polémica reforma de las pensiones aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron, un día antes de la votación de mociones de censura contra el gobierno en el Parlamento.
Macron aspira a subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y a aumentar a 43 los años de cotización necesarios para recibir una pensión completa, una medida que genera resistencias en Francia.
Tras semanas de movilizaciones pacíficas, la policía ordenó el sábado cerrar la céntrica Plaza de la Concorde en París frente al parlamento, pues fue escenario de dos noches sucesivas de protestas que terminaron con disturbios y enfrentamientos.
Cerca de 122 personas fueron detenidas por prender fuego a los contenedores de basura, por dañar estaciones de autobuses y erigir barricadas durante una marcha que reunió a unas cuatro mil personas en París el sábado. A nivel nacional 169 personas fueron arrestadas.
Otras manifestaciones transcurrieron de forma pacífica y en el puerto de Marsella, que es la segunda mayor ciudad de Francia, cientos de personas marcharon.
«¿Qué nos queda sino seguir manifestando?», dijo Romain Morizot, un ingeniero de telecomunicaciones de 33 años.
Para Morizot tras el uso por parte del gobierno del polémico artículo 49.3, «hay potencial para un aumento de la tensión social».
El gobierno utilizó esta semana la disposición constitucional que permite eludir el voto parlamentario para aprobar la reforma. Tras esta maniobra, diputados de fuerzas opositoras presentaron dos mociones de censura.
El gobierno de Macron carece de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la cámara baja, pero es la principal fuerza y la aprobación de la moción de censura requeriría una unión de toda la oposición.
Por el momento, la atención está centrada en la votación del partido republicano, su líder, Eric Ciotti, ya anunció que no votará la moción de censura, por lo que se espera que sus filas lo sigan.
Ciotti denunció en su cuenta de Twitter que su sede fue vandalizada a pedradas y afirmó que «no cederá ante los nuevos discípulos del terror».
La aprobación de cualquiera de las mociones de censura anularía el decreto presidencial y obligaría a la primera ministra, Elisabeth Borne, a presentar su renuncia.
