Dr. Carlos A. Rivera.
El pasado doce de enero de 2023 el ultraconservador diputado republicado por el distrito 2 de Texas, Dan Crenshaw, presentó una iniciativa en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas contra los responsables de traficar fentanilo. Ahí se autoriza al presidente de los Estados Unidos a usar toda la fuerza necesaria en contra de naciones y organizaciones extranjeras y nombra específicamente a los nueve carteles mexicanos más importantes en el trasiego de drogas. A saber, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Los Zetas, del Noreste, de Juárez, de Tijuana, de los Beltrán Leyva y de la Familia Michoacana, también conocidos como Los Caballeros Templarios. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Exteriores.
Es muy probable que esta iniciativa no sea aprobada, pues es solamente una minoría del Partido Republicano la está impulsando. Junto con esta iniciativa, también se publicaron artículos periodísticos en el Wall Street Journal, tanto del ex fiscal general, William Barr como de la periodista Mary Anastasia O’Grady que están logrando algo importante para los norteamericanos, particularmente para los de derecha: normalizar la idea de la intervención unilateral de Estados Unidos en México para combatir a las bandas del narcotráfico y, particularmente, a los traficantes de fentanilo.
Estas acciones parten de un diagnóstico equivocado acerca de la forma de organización de las bandas criminales en México, pues suponen que se trata de organizaciones verticalmente integradas, jerárquicas y claramente identificables en el territorio, análogas al Estado islámico en Siria, o a los talibanes en Afganistán y que, como tal, pueden ser contenidas con una intervención relativamente simple o “quirúrgica” en México.
Sin embargo, la derecha norteamericana no está calibrando el reto que se están poniendo por delante, como tampoco lo hicieron en Vietnam, Irak ni en Afganistán. Pues si en México se destruye un centro clandestino de procesamiento de drogas, surgirán tantos más al día siguiente. Las consecuencias a largo plazo de una intervención de esta naturaleza pueden ser muy costosas para ambos países.
La crisis de los opioides la comenzó la propia industria farmacéutica norteamericana con la anuencia de las autoridades regulatorias cuando en 1970 se aprobó la Ley de Sustancias Controladas que relajó las prohibiciones que habían sido establecidas en 1914 por la Ley Harrison de Impuestos sobre Narcóticos.
Al mismo tiempo, no es ningún secreto que la política de drogas estadounidense está “racializada”, es decir, que la “Guerra contra las Drogas” de los Estados Unidos ha jugado un importante papel en el refuerzo de las jerarquías raciales en aquel país.
Entre 2015 y 2017, casi todos los grupos raciales y étnicos y los grupos de edad en las grandes áreas metropolitanas del centro de los Estados Unidos experimentaron aumentos significativos en las tasas de mortalidad por sobredosis relacionadas con opioides. En particular los negros de 45 a 54 años experimentaron un sorprendente incremento en las tasas de mortalidad del 19.3 al 41.9 por cada 100,000 habitantes. La mayor participación de los opioides sintéticos en las muertes por sobredosis está cambiando la demografía de la epidemia de sobredosis de opioides en EE. UU.
Sin embargo, durante décadas la epidemia de opiáceos no pareció importarle mucho a la derecha norteamericana sino hasta que se propagó a los suburbios de clase media del país y, con ello, impactó a la base blanca de sus votantes quienes comenzaron a consumir opiáceos sintéticos blancos como el OxyContin®, medicamento que ganó notoriedad a partir de la década de 1990 en relación con el abuso epidémico de medicamentos controlados entre los estadounidenses blancos, suburbanos y rurales; así como el Suboxone® que salió al mercado en la década de 2000, paradójicamente, como un tratamiento contra la adicción.
Así, si el propósito real fuese contener el tráfico de fentanilo, lo que habría que contener sería el tráfico de precursores desde China, lo que a su vez significaría controlar los puertos y aduanas de México a través de un largo y costoso proceso de combate real a la corrupción, mismo que el actual gobierno no está dispuesto a realizar, ocupado como está en utilizar los recursos públicos en la compra de voluntades políticas—públicas y privadas—para el deleite electoral del presidente López Obrador.
Y, sin embargo, muchas de las cosas que mencionan tanto Barr como la derecha norteamericana son dolorosamente ciertas: nuestras profundas limitaciones técnicas y operativas, nuestra extendida corrupción política, nuestra deplorable anuencia social y el desgano del actual Gobierno para actuar y no abrazar a los delincuentes forman un contexto ideal para la violencia desatada que solamente el día de hoy cobró la vida de dos norteamericanos en Tamaulipas y de tantos mexicanos anónimos más.
¿Y la posición geopolítica de México? ¿Cuáles son sus amenazas? A pesar de que México no exista para muchos países pues no somos sino un breve punto ignorado en el mapa mundial, tenemos una relevancia geopolítica, así sea muy menor. De ahí que sería importante que las fuerzas armadas mexicanas se dedicasen a sus tareas fundamentales de defensa nacional y no a pasearse por los vagones del metro, construir trenes, ni a administrar aeropuertos.
Según Barr, el presidente López Obrador es el principal facilitador de los cárteles. Es una afirmación temeraria, desde luego; sin embargo, aún si tuviera la voluntad de combatir al crimen organizado en todos sus niveles y manifestaciones, el gobierno no tiene los medios para hacerlo pues en México no cobramos los impuestos necesarios para llevar a cabo tal empresa. Nuestra recaudación es tan baja como limitada y está llena de fugas.
Si ese es el escenario entonces, ¿qué significa ello para la ultraderecha norteamericana? ¿Fuerzas de ocupación? No se sabe aún. Hay mucho de “hubris”, arrogancia, en la derecha norteamericana acerca de sus capacidades libertadoras; pero si desestabilizan a su vecino padecerán aún más las consecuencias de sus acciones.
Por lo pronto, la derecha norteamericana ya le regaló al presidente López Obrador una excelente bandera en la cual envolverse para seguir insistiendo que, cuál Chapulín Colorado, solo él podrá ayudarnos.
El Dr., Carlos Rivera es profesor-investigador en la Universidad de California, Berkeley. Se especializa en termas de Psicología Política, participación cívica y emoción electoral.
