El ABC de la Política

 

 

*Negar la Realidad no es Buena Respuesta a EU

*Promesa Incumplida: los Militares a sus Cuarteles

*Temor Presencial Hace Atacar a la Suprema Corte

 

GERARDO LAVALLE

 

A.- Sacar del cajón el vocablo “soberanía” y aderezarlo con la frase “no somos colonia”, no responde al señalamiento en contra de los narcocriminales formulado por diversos legisladores de Estados Unidos.

Tampoco amenazar al Partido Republicano con el anuncio de si no para sus críticas hará que se movilicen los mexicanos e hispanos que radican en la Unión Americana para que no voten por sus candidatos, es una buena respuesta.

Menos convincente es afirmar que en “México no producimos fentanilo”.

Dos expertos en materia de seguridad comentaron hace unos días con nuestro director general, que la realidad va más allá de llamar terroristas a los integrantes de 9 cárteles que operan con impunidad en el país por la no-política de combatirlos y en lugar de balazos darles abrazos “porque también son seres humanos”.

El huésped temporal de Palacio Nacional, como la Martina, no entiende razones. Simplemente se aferra a las suyas y con ellas pretende imponer sus condiciones.

Sin embargo, jugar a las vencidas con el poder de poderes en todos los ámbitos, no es inteligente. Es ir contra un peso pesado siendo apenas mosca.

En Estados Unidos tienen en la mira a muchos personajes mexicanos, lo mismo del Gobierno federal y algunos estatales como Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo entre otros, que de partidos políticos y sus dirigentes como es el caso de Mario Delgado. No lo decimos nosotros, se informa desde la Unión Americana.

Y es que el presidente Biden busca responder a los ciudadanos que lo eligieron y que han perdido a familiares por el consumo de fentanilo exportado por los cárteles, principalmente los del Golfo, Sinaloa y JNG.

Si bien es cierto que del otro lado de la frontera norte poco o nada se hace para combatir la compra y distribución de fentanilo por grupos o personas poderosas, lo fundamental es que en México tampoco se hace nada.

Los capos actúan con libertad sorprendente. Y la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional “patrullando las calles” se reduce a rondines que, suponen los mandos castrenses, son suficientes para “intimidar” o “inhibir” las acciones criminales.

B.- La realidad es otra y está documentada.

Cuando candidato, Andrés Manuel López clamaba y era escuchado: “cuando llegue a la Presidencia regresaré a los militares a sus cuarteles”. Instalado en la Silla del Águila hizo lo contrario. Su argumento: la inseguridad está peor de lo imaginado.

Y pugnó hasta lograrlo, por la creación de una Guardia Nacional con mando civil. Incumplió con la medida, porque designó a un general activo que presuntamente se licenció pocos meses antes. Más allá de la probable ilegalidad, el nuevo cuerpo de poco ha servido para darle seguridad a los ciudadanos de todo el país.

Con su aparición, las policías estatales y municipales fueron, prácticamente, rezagadas en sus acciones. El problema grave es que los elementos militares no realizan acciones de prevención sino de reacción a los hechos delictivos y acuden siempre tarde y solamente para “resguardar la escena del crimen”.

Vale la pena añadir que los 4 estadounidenses secuestrados en Matamoros provocaron una reacción violenta del gobierno de Washington. Y la respuesta mexicana fue ordenar al Ejército y la Marina la localización. Lo hicieron y bien en solamente 72 horas los hallaron.

Sin embargo, no aprehendieron a nadie. Fueron los mismos criminales del grupo Los Escorpiones, quienes detuvieron a los secuestradores y los entregaron en la Plaza Central de Matamoros. Dejaron una cartulina en la que ofrecen disculpas a nombre del Cártel del Golfo, porque los secuestradores actuaron por la libre.

¿Dónde quedaron las investigaciones militares?

C.- Un tema imposible de no abordar: la mala relación entre el Ejecutivo y el Judicial.

El presidente teme y hace bien, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide su Plan B y las reformas a las 7 leyes del sistema electoral queden sin efecto aunque hayan sido publicadas.

Por ello arreció su ataque en contra del Poder Judicial de la Federación y en una de sus más recientes embestidas hizo público el “guardadito” que tiene la Corte y que rebasa los 20 mil millones de pesos que se encuentran en un fideicomiso.

Por supuesto, el obús estuvo dirigido a la ministra presidenta y a los otros 7 ministros (tas) que tendrán la responsabilidad de tomar la decisión sobre el Plan B.

Omitió lo fundamental: el fideicomiso no lo creo la ministra Norma Leticia Piña Hernández y existía cuando presidió la Corte su amigo personal, del presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y jamás lo sacó de la chistera.

Para su mala suerte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sentenció el pasado jueves la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. El personaje ha sido denigrado desde el púlpito guinda y, sin embargo, la ley le concedió la razón y seguramente ya despacha en sus viejas oficinas del INE.

El enojo debió ser mayúsculo. Seguramente amenazará a la magistrada Carolina Alcalá Valenzuela quien realizó el proyecto en el que se declaró fundada la queja de Edmundo Jacobo porque, advirtió, no hay “alguna razón que justificara la separación del cargo de la persona aquí quejosa. Además que en el proyecto por ahí destaca que este no es el momento, para en un caso dado, poder analizar la legalidad de ese nombramiento que ha finalizado por cuestión del decreto que se impugna”. 

Por tanto, La ley es la Ley, aunque no le guste al inquilino de Palacio Nacional.

 

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