El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del segundo paquete de reformas del «Plan B», en la que solicita que se otorgue una suspensión, mientras se pronuncia sobre el fondo de las controversias.
Además, solicita que se interrumpa la aplicación de la reforma, porque –advierte– afecta los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto y de la ciudadanía.
Mediante esta controversia, el INE busca que la Corte desestime el Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo pasado.
La controversia constitucional advierte la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión y la vulneración a su autonomía e independencia por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Además de la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales, ya que esta reforma –señala– contiene cambios que afectan la certeza de los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y los derechos laborales del personal del INE.
El Instituto confió en que, con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte, se restaurará el orden constitucional al determinar la invalidez de la reforma.
