Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Sin avalar de ninguna manera la “intervención militar” de Estados Unidos a mexicano para iniciar la cacería de los dirigentes de los 9 cárteles que representan un peligro para el vecino del norte por la exportación ilegal de fentanilo, creo que bien vale la pena el apretón de tuercas que le da Washington al huésped temporal de Palacio Nacional.
Por supuesto que es un exceso que dos congresistas republicanos propongan darle facultades al presidente Biden para utilizar los poderes de guerra para combatir a los criminales. No vaya a ser que busquen repetir lo ocurrido en 1847 y terminen izando la bandera de las barras y las estrellas en todas las astas donde ahora luce la tricolor.
Sin embargo, comparto totalmente la necesidad de combatir a quienes tienen aterrorizados a millones de mexicanos que, sin deberla ni tenerla, son asesinados por los criminales que, en el ánimo de controlar el mayor espacio en el territorio nacional, actúan con total impunidad.
Hace una semana, la administradora de la DEA, Anne Milgram, planteó en el Senado de EU, la necesidad de que “México haga algo más para combatir a los narcotraficantes” que ingresan a EU fentanilo de manera ilegal y matan a 100 mil estadounidenses anualmente.
Según el huésped temporal de Palacio Nacional, el informe oficial del Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional, confirma que México ha cumplido con los acuerdos en la materia y “la relación es buena”.
Sin embargo, el secuestro de 4 norteamericanos ocurrido en Matamoros el fin de semana pasado, alertó a las autoridades del vecino que exigieron el rescate con vida. A días del rapto, soldados y marinos los hallaron. Dos fueron asesinados, 1 herido y otro está vivo.
Aunque se negó la participación del FBI, finalmente la fiscalía de Tamaulipas, la admitió.
Y después del rescate, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien el pasado lunes se entrevistó con el presidente mexicano en Palacio Nacional, expresó ayer que “la violencia contra ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles.
Y señaló: “Como hemos señalado en nuestras Alertas de Viaje, Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia. Nos preocupa particularmente el control que ejerce el Cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica”.
Los congresistas señalaron a los 9 cárteles que están envenenando a los norteamericanos. (1) El Cártel de Sinaloa. (2) El Cártel Jalisco Nueva Generación. (3) El Cartel del Golfo. (4) El Cártel de Los Zetas. (5) El Cartel del Noreste. (6) El Cártel de Juárez. (7) El Cartel de Tijuana. (8) El Cartel Beltrán-Levya y (9) La Familia Michoacana, también conocida como el Cartel de los Caballeros Templarios.
Ante los reclamos y la posibilidad de dotar de poderes de guerra al habitante de la Casa Blanca para combatir a los líderes y miembros de los 9 cárteles, el gobierno ha guardado silencio. Tampoco respondió a la alerta de la administradora de la DEA.
Simplemente, desde la mañanera, se habló del “injerencismo” estadounidense y en el Senado surgió el rechazo a la presencia de militares del vecino país en México, aunque vengan con un “propósito específico”.
Nada de lo hagan los criminales está en la bitácora oficial. La Defensa Nacional y la Marina periódicamente “informan” de decomisos de drogas, destrucción de laboratorios clandestinos (no hay de otros para producir enervantes ilegales), de aprehensiones, de combustibles. Nada dan a conocer de los precursores que siguen llegan al país.
El reclamo de Estados Unidos está fundamentado, aunque tampoco señala nada que haya hecho en contra de los compradores y distribuidores de fentanilo en su territorio. Por las aduanas mexicanas y las de allá, pasan las drogas lo mismo por sitios sin vigilancia o en los que habiéndola cruzan.
La impunidad con que actúan los cárteles en México es innegable. La no-estrategia de abrazos, no balazos, no ha funcionado y ha permitido la expansión de los grupos criminales en cuando menos el 50 por ciento del territorio nacional.
¿Quién protege y por qué a los criminales y narcotraficantes?
Los pobladores de diferentes entidades y municipios saben dónde vive, cómo actúan, a quienes contratan. Las autoridades utilizan “inteligencia militar y naval” para la localización y, como dicen, “no los hallan”.
El jalón de orejas o el apretón de tuercas deberá servir para abandonar la pasividad y aprehender a las cabezas de los cárteles y sus sicarios. No hacerlo enrarecerá más la relación de ambos países.
¿Habrán escuchado el sordo de Palacio, el miope de la Cancillería y la coordinadora del gabinete de (in)seguridad?
Veremos y opinaremos-
