- Al participar en el foro “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022-2023”, el magistrado Felipe Fuentes Barrera expuso sobre la regulación procesal del juicio en línea.
Dentro del foro “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022-2023”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su Escuela Judicial Electoral, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera se refirió a la importancia de utilizar las tecnologías de la información y comunicación, como una de las vías para que la justicia y los juzgadores estén a la altura de las demandas de la sociedad en materia de la defensa de sus derechos político-electorales.
Durante su participación en la mesa de análisis “Regulación procesal del juicio en línea”, el magistrado de la Sala Superior señaló que los derechos electorales son dinámicos y en ese mismo sentido actúa la democracia, sin embargo, todo cambio debe generar reflexión, crítica y un diálogo fluido, elementos que hicieron falta en la construcción de la recién aprobada reforma electoral.
Ante estudiantes de la Facultad de Derechos de la UNAM, indicó que el uso de las tecnologías en el ámbito judicial permite la impartición de una justicia ágil, eficiente y cercana a la gente. Aseguró que la apuesta de los tribunales por la transformación tecnológica posee grandes beneficios en materia de justicia digital, entre las que destacó que en el ámbito judicial otorga una impartición de justicia ágil, cercana a la gente y eficiente. Además, permite una solución efectiva de los conflictos, mejoran el funcionamiento de las instituciones judiciales de cara a la sociedad, abona a la transparencia y se garantiza el acceso a las jurisdicciones.
Finalmente, apuntó que el futuro ya está aquí, por lo que se debe transitar de la justicia tradicional escrita a la digital. Resaltó que el Tribunal Electoral posee una plataforma fuerte, los expedientes están debidamente resguardados y los datos personales protegidos, razón por lo que la ciudadanía debe confiar en este máximo órgano jurisdiccional.
