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Miguel Tirado Rasso
Entonces, Alito conseguirá lo que anduvo
buscando desde el principio: ser quien decida
las nominaciones para las candidaturas del PRI
en la madre de todas las elecciones.
A solo unos días de cumplir 94 años, el próximo 4 de marzo, el Partido Revolucionario Institucional atraviesa por la peor crisis de su historia. Y es que, sumada a la cadena de derrotas electorales sufridas por el partido en los últimos cuatro años, existe una pugna legal interna por el control de la institución, derivada de las múltiples reformas a sus estatutos, promovidas por su actual dirigente, Alejandro Moreno, Alito.
Al asumir la dirigencia del tricolor, en agosto de 2019, el ex gobernador de Campeche se dedicó a modificar los estatutos para concentrar en la presidencia diversas facultades que le permitirían tener el control absoluto del organismo. Derivadas de estas modificaciones, muchas de las facultades del Comité Ejecutivo Nacional, pasaron a ser funciones exclusivas de la “persona titular de la presidencia.”
En virtud de estos cambios, la elección y el registro de los candidatos del partido a cualquier cargo de elección popular, municipal, estatal o federal, pasó a ser facultad exclusiva del dirigente. Así como el derecho de atracción, en casos de crisis que se presenten en áreas de la institución y la facultad de decisión sobre cuestiones políticas y organizativas relevantes del partido, entre muchas otras facultades que fortalecieron su dirigencia a costa del deterioro democrático del instituto político.
Alejandro Moreno sorprendió a muchos cuando en 2019 anunció que solicitaría licencia para separarse del cargo de gobernador de Campeche para competir por la presidencia del PRI, cuando apenas llevaba poco más de tres años de su mandato. El otrora partidazo, se encontraba devastado tras la derrota electoral de 2018, relegado a una tercera posición como fuerza política y con un futuro incierto, por lo que lucía poco atractivo como sustituto de una gubernatura.
Para asegurar su triunfo, el gobernador con licencia buscó los apoyos necesarios, dentro y fuera del partido. Con un padrón, un tanto cuestionable, y algunas irregularidades denunciadas, Alito ganó por una mayoría abrumadora de 80 puntos, como en los viejos tiempos del tricolor. Ya en el poder, su dirigencia no se inclinó por la reconversión del partido, necesidad urgente y obligada. Al poco tiempo, quedó claro que, para el ex gobernador campechano, la recuperación del partido no era su prioridad, y sí, en cambio, su objetivo era hacerse del control del organismo para su proyección personal.
Durante su gestión, el partido continuó en caída libre. De 21 elecciones para gobernador, el PRI ganó solo una, la del estado de Durango, en contra perdió 10 estados que gobernaba. En la actualidad sólo le quedan tres gubernaturas tricolores (Durango, Coahuila y Edomex) y un padrón de militantes cada vez más reducido. Sin duda, el peor balance político-electoral de un presidente del PRI, en su historia.
Este personaje supuso, en algún momento, que tendría posibilidades de ser el candidato presidencial del PRI. Ilusión que pronto se desvaneció ante el rechazo de los priistas y la circunstancia política que vive el país. Cancelada esa posibilidad, el dirigente continuó con los ajustes a modo de los estatutos del partido. En diciembre de 2022, promovió 52 nuevos cambios, siempre viendo a futuro. Estas reformas fueron objetadas e impugnadas por ex presidentes y figuras destacadas del PRI.
Estatutariamente el dirigente concluiría su mandato el 18 de agosto del presente año, pero al estilo de la 4T, en la que no se descarta cualquier posibilidad para alargar los tiempos de mandatos de manera extralegal (recordemos los intentos infructuosos de un gobernador de Baja California y del expresidente de la SCJN), Alito planteó, una modificación para que el Consejo Político Nacional cambie el plazo, que ya le había otorgado para prolongar su mandato, de tres meses a 90 días hábiles. Esto, para adecuarse a los tiempos que establece el Plan B, en el que el proceso electoral de 2024 inicia en noviembre, en lugar de septiembre, como lo establece la ley actual.
Las impugnaciones presentadas en contra de estas reformas, fueron declaradas procedentes por el Consejo General del INE, por lo que, de momento, quedaron canceladas. El argumento para descartarlas se basó en que, si bien, estas reformas se hacían para adecuar los estatutos a las nuevas consideraciones del Plan B, al no estar publicado éste, todavía, resultaban improcedentes. Esta es la buena noticia.
La mala. Si el Plan de Palacio adquiere vigencia, nada impedirá al dirigente priista insistir en las reformas que le permitan quedarse hasta finalizar el proceso electoral de 2024. Entonces, Alito conseguirá lo que anduvo buscando desde el principio: ser quien decida las nominaciones para las candidaturas del PRI en la madre de todas las elecciones. Entre las más destacadas, para diputados y senadores al Congreso de la Unión, ocho gubernaturas y un jefe de Gobierno. Ya en la presidencial, veremos de que lado se inclina.
Mientras, el PRI seguirá navegando sin rumbo fijo.
Marzo de 2023
